El Govern catalán se mantiene en su actitud independentista, y se niega a reconocer la nulidad de la resolución independentista dictada por el Tribunal Constitucional. Y esto, en sí mismo, ya es una muestra evidente de desobediencia al alto tribunal. Que la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat diga, públicamente, que la sentencia del TC “no para los efectos políticos de la resolución” deja claras las cosas.

El propio Mas, presidente en funciones, insiste en que está dispuesto a seguir adelante en la aplicación de la resolución independentista ya anulada por los jueces.

Parece que en el gobierno catalán están a la espera de que sea investido Artur Mas como presidente para pasar a la acción, y acelerar la conformación de una república catalana.

La vicepresidenta Munté ha dicho que en la resolución o declaración de independencia no aparece la palabra desobediencia. No es necesario que figure, porque en el propio texto y con las declaraciones de los políticos independentistas, ya se están incumpliendo varios preceptos constitucionales y autonómicos.

Algún político catalán se está planteando la posibilidad de aplicar  de modo más bien inmediato el artículo 155 de la Constitución, porque el recurso a la intervención de la autonomía catalana parece algo necesario, en vista de los derroteros que va tomando la cuestión.

De momento, parece que existe una situación de espera, por causa de las elecciones generales del 20D, y también porque Mas todavía no ha conseguido los apoyos políticos suficientes para ser investido como presidente.

Si el ejecutivo no quiere aplicar medidas duras, aunque legales y legítimas, por temor a manifestaciones o algaradas callejeras en Cataluña, esto será interpretado como una señal de debilidad, y alimentará el proceso de independencia de una forma difícilmente controlable. Si ante el posible victimismo de los independentistas, el gobierno central se inhibe, y se queda en el ámbito judicial, sin ir más allá obligando a que se cumpla realmente la sentencia del TC, las cosas irán a peor.

El estado de derecho no puede sustentarse, únicamente, en el poder judicial y legislativo. La fuerza y la autoridad del poder ejecutivo tienen que hacerse valer, de modo proporcionado pero firme.

En los próximos meses y, especialmente, a lo largo del año 2016 llegará, probablemente, la hora de la verdad en relación con la posible articulación efectiva de un nuevo estado catalán. Si el estado permanece pasivo, sin reaccionar con energía y determinación obligando, de facto, a cumplir el ordenamiento legal constitucional, asistiremos a la descomposición irreversible de la unidad territorial de la nación española. Todavía se dispone de  tiempo para evitarlo. Pero, si se espera más, puede ser demasiado tarde.