Es evidente que el mérito, la capacidad, la justicia, la igualdad y proporcionalidad deben primar en un proceso de concurso oposición. Pero lo que no es admisible es que se califique muy bajo y mal exámenes que merecen tres o cuatro puntos más en muchos casos.

Los criterios de evaluación son tan genéricos que lo permiten todo y no han sido explicados públicamente a los opositores con el nivel de detalle que sería lógico. Tampoco la extensión de los exámenes ha sido precisada de un modo aproximado. De esta manera los miembros de los tribunales pueden hacer lo que quieran, ya que es su interpretación la que prevalece aunque no sea la ajustada a lo que corresponde.

Existen grados a la hora de calificar los exámenes. La desproporción en la valoración de las pruebas no debe ser admitida y la ha habido en la oposición en la especialidad de Filosofía en Asturias en 2018. Ha habido protestas de muchos opositores afectados. No es de recibo que en un examen práctico hayan suspendido casi todos aunque hayan comentado correcta y extensamente el texto y escrito bien o muy bien el artículo que formaba parte de la prueba.

No se puede jugar con ellos, ni con su presente y futuro laboral. Deberían de impugnar esta oposición ya que no se pueden hacer así las cosas. Los opositores tienen unos derechos. Y los que forman parte de los tribunales son profesores también y deben ser justos en sus valoraciones y no lo han sido en muchos casos.

Si se quiere aprobar en la primera parte a muy pocos, al menos, deben poner calificaciones que tengan en cuenta lo escrito y lo explicado. Puede haber distintos enfoques, pero si los opositores  están explicando el tema que  han elegido o realizando el comentario de forma sistemática y ciñéndose al texto deben poner una nota acorde con eso y proporcionada y no calificaciones disparatadas. Existen términos medios y no es todo o nada. No vale cortar por lo sano con las exposiciones, explicaciones o comentarios y artículos que gustan menos. Para hacer las cosas tan mal era mejor que no hubiera oposición de Filosofía y que no salieran plazas. Lógicamente, los pocos que aprueban la primera parte dirán otra cosa. Pero la brutal injusticia que padecen los que han sido muy mal calificados clama al cielo. Es absolutamente injusto. Es de juzgado de guardia. Y da igual que se presenten alegaciones. Al final, el poder y la autoridad están por encima de lo justo. Los miembros de algún tribunal pasan olímpicamente de lo que supone para cada opositor ser calificado de modo erróneo. Es lo que dan a entender. Y tengo que mencionar también que en enseñanzas medias, como en otras profesiones, hay mucho mediocre frustrado que se cree catedrático de universidad.

En otras oposiciones anteriores, por ejemplo, la del año 2006 de Filosofía en Asturias las calificaciones eran más equilibradas y más parecidas unas a otras con alguna excepción puntual.  Ahora no, ha habido muchas notas bajas o muy bajas que son completamente inmerecidas para cualquier corrector objetivo. Ha prevalecido la más absoluta subjetividad y parcialidad. Y esto es algo muy grave y no debería ser tolerado. Habría que acudir a los tribunales para pedir daños y perjuicios. En pleno siglo XXI que sucedan este tipo de actuaciones no es admisible. No se ha respetado el derecho y lo que dice la convocatoria, por ejemplo, respecto al tipo de bolígrafos que se pueden utilizar. Solo esto puede ser suficiente para impugnar la oposición en Filosofía. Y si a esto se añade que la aplicación de los criterios de evaluación ha sido caótica, por el desconocimiento de cómo se aplican los mismos por parte de los miembros de los tribunales, ya existen motivos más que sobrados para impugnar este proceso de selección. A lo que se agrega que han calificado mal a muchos opositores que han realizado exámenes de 7 u 8 y les han puesto un poco más del 4, por ejemplo. El desfase ha sido de 2, 3 o 4 puntos respecto a la nota merecida de muchos de ellos.

Pero no puedo poner punto final a todo este artículo sin dejar de decir que en España hay provincias como es el caso de Andalucía, País Vasco y Canarias donde prorrogan los contratos de los mayores de 55 años, que tienen más de 10 o 15 años de experiencia, hasta que se jubilan.

Acaso el resto de provincias no se tienen los mismos derechos?