Venezuela devaluó la moneda 64,13% en un intento por mitigar la severa crisis económica, propulsora de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Constituyente, que deja más de 60 muertos en dos meses.

El tipo de cambio del llamado Dicom se ubicó en 2.010 bolívares por dólar, anunció Pedro Maldonado, directivo del Banco Central (BCV), frente a la tasa de 721 vigente antes del nuevo sistema de oferta de divisas en subastas.

Maldonado, presidente del Comité de Subastas de Divisas del BCV, afirmó que la operación es una muestra “inequívoca de un proceso de recuperación económica”. Pero la oposición estima que Maduro está recurriendo a todo para “oxigenarse”, en momentos en que enfrenta masivas protestas que exigen su salida del poder como solución a la profunda crisis.

Calificado por los opositores como un “salvavidas” para un gobierno que tildan de “dictadura”, el banco estadounidense Goldman Sachs compró bonos de la estatal petrolera PDVSA con un descuento de 69%. Pagó 865 millones de dólares, frente al costo original de 2.800 millones.

Venezuela, uno de los países con las mayores reservas petroleras del planeta, enfrenta una sequía de dólares que se acentuó con la caída de los precios del crudo -fuente de 96% de las divisas- y una severa escasez de alimentos y medicinas. El Estado monopoliza las divisas desde 2003. Un total de 24 millones de dólares fueron asignados en la subasta, de los cuales 23 millones a importadoras de materias primas y productos terminados, insumos y repuestos.

“El monto es irrisorio, demuestra la escasez de divisas, no va a reactivar el aparato productivo, por eso tomaron la decisión de liquidar el bono de PDVSA con un descuento de 69% para oxigenar el Dicom y tener recursos para importaciones del sector público”, declaró el economista Jesús Casique.

Cuando anunció en abril el mecanismo de subasta, ya antes usado, Maduro aseguró que buscaba derrotar el “dólar negro”, actualmente por encima de los 6.000 bolívares, distorsión que atribuye a una “guerra económica” del sector privado, apoyada por Estados Unidos.

El gobierno tiene además una tasa de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar, exclusiva para importar alimentos y medicinas, que deben venderse a precio subsidiado. Para comprar esos productos, se forman largas filas en los supermercados. El resto de bienes y servicios, salvo los esenciales, se rigen por el Dicom.

Ante la falta de dólares, muchos empresarios importan materia prima y productos con divisas que compran en el mercado paralelo, lo que alienta una inflación que, según el FMI, cerrará este año en 720%. Ahora hay más oferta, pero a precios elevados.

“El paralelo va a estar a la orden del día porque la cantidad que se subastó es exigua y va a continuar la volatilidad en el mercado paralelo. La solución es la unificación cambiaria”, opinó Casique, director de la consultora Capital Market.

Según analistas, el control cambiario, sumado al de precios, ha acentuado la escasez, mientras que el sector productivo funciona al 30% de su capacidad. Agobiados por la crisis, más del 70% de venezolanos -según sondeos privados- rechaza a Maduro, quien asegura que la oposición y empresarios de “derecha” promueven el caos para derrocarlo e instaurar un régimen neoliberal.

En medio de las protestas, el gobernante populista convocó a una Asamblea Constituyente, que, según él, podrá tomar decisiones “por encima de la ley” para resolver la grave crisis. La oposición rechazó participar en el proceso de inscripción de candidatos a la Constituyente por considerarla un “fraude” que permitirá al chavismo ganar la mayoría aun sacando menos votos, para perpetuarse en el poder.

Un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de aliado del gobierno, validó la Constituyente sin consulta previa en referendo, lo que según la oposición la hace más “ilegítima”.

Como casi todos los días desde el primero de abril, los opositores marcharon en el este de Caracas, sin poder llegar a la cancillería -como tenían previsto-, al ser bloqueados por policías y militares a punta de gases lacrimógenos. Varias personas resultaron heridas, mientras reporteros, denunciaron agresiones y robos por parte de la Guardia Nacional.

En el centro, seguidores de Maduro se manifestaron en respaldo a la Constituyente y lanzaron duras consignas contra la fiscal general, Luisa Ortega, de línea chavista, por su nueva postura crítica frente al gobierno.