El independentismo ignora la legalidad estatal afirmada por la ONU.

De hecho, no la quiere reconocer. Es lógico que Felipe González diga que “si se vulnera la Constitución hay que dar la respuesta”. Está claro, a mi juicio, que la vía del artículo 155 es posible ante el desprecio  que los secesionistas demuestran respecto a la legitimidad del estado español.

También Alfonso Guerra ha pedido a Rajoy la utilización del citado artículo para acabar con esta reiterada burla al Estado de Derecho. Los expresidentes Felipe González, Aznar y Zapatero se muestran de acuerdo en parar el despropósito del soberanismo catalán.

Y cuando el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras dice  que “Legalidad sólo hay una, que se deriva del derecho internacional y de los Derechos Humanos, y el Estado está obligado por ley a aceptar este referéndum, aunque no lo quiera hacer”, no tiene en cuenta que la Asamblea General de la ONU en 1960 ya aprobó lo siguiente: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad territorial y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, algo puesto de manifiesto por la Catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Mangas Martín. Se comprende también que esta misma jurista haya dicho hace menos de un año que “Si no se ponen límites, Cataluña puede ser un Estado de un día para otro”.

Pedro Sánchez ha dicho que ve al Rey “preocupado por la situación en Cataluña”. Si bien, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría insiste en que al Estado le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Por si no fuera suficiente la ministra de Defensa señora Cospedal también manifiesta que las Fuerzas Armadas protegen la soberanía de nuestro territorio nacional.

Un referéndum unilateral de independencia va contra el Derecho Internacional. Y lo de que sea vinculante suena a broma, puesto que no es legal. Sin cambiar la Constitución no se puede realizar.

Se pueden escribir y pronunciar millones de discursos políticos y no serían válidos, si pretenden justificar lo injustificable, desde un enfoque legal riguroso y preciso.

Aunque el Tribunal Constitucional anula por unanimidad las partidas del presupuesto para la consulta de la Generalitat, ya se sabe que Carles Puigdemont no le hará ningún caso.

Y que digan el presidente de la Generalitat  y los independentistas que proclamarán la secesión, como mucho en dos días, si gana el sí, sin considerar el número de votantes es algo preocupante.

En definitiva, el espectáculo o el juego ya duran  demasiado. A cualquier gobierno democrático se le acabaría la paciencia y aplicaría ya el artículo 155 de la Constitución. Porque puede suceder  que, tanto va el cántaro a la fuente, que un día cae y rompe en mil añicos. Esperemos que esto no ocurra con el secesionismo catalán.

En mi opinión, el gobierno está tentando a la suerte o a la buena fortuna que hasta ahora ha tenido. Pero, en este mundo no hay nada seguro, excepto la muerte, y convendría que se tomaran medidas más contundentes dentro del respeto a los principios constitucionales.

Una vez que se proclame la independencia de hecho y el Estado no quiera forzar la resolución del conflicto quedará la resignación de aceptar la situación consumada de una república catalana paralela al Estado español. Lo que sería terrible, porque abriría un periodo de desajuste económico y social muy profundo para todos los ciudadanos.

El derecho es prescriptivo y obliga con el uso de la fuerza, si es necesario e indispensable, con el fin de  que se cumpla el ordenamiento jurídico vigente.

Lo que no puede ser  es que el independentismo pretenda usar  la fuerza para cambiar la legalidad española por otra distinta que justifique, de modo falso, una inventada legalidad catalana. Considero disparatado que Junqueras diga que “la supuesta legalidad del Estado español no es legal”, porque es falso y no hace falta ser jurista para decirlo.

Actualmente, Cataluña puede prosperar cada vez más, sin necesidad de ser una república pequeña que no llevaría a ningún lado, ya que tendría que depender de España. Vivimos en un mundo globalizado y los reinos de taifas son absurdos y conducen al desastre económico y social.

El proceso directo de compra de urnas de la Generalitat es otro intento de buscar procedimientos para incumplir lo que dice el Tribunal Constitucional y el ejecutivo. Se verá lo que pasa. Esperemos que el Estado no ceda.

En realidad, es cierto que existe una clara deriva autoritaria en la Generalitat. También lo dicen las más altas autoridades del Estado. Por cierto, lo escrito en este artículo o tribuna de opinión es la manifestación pública de mi libertad de expresión.