El 2 de mayo del 2019, el Presidente de la República del Paraguay Mario Abdo Benítez, hizo una visita de trabajo en la Fiscalía General del Estado, acompañado por la Fiscala General Sandra Quiñónez, conocida como la reina de nepotismo y corrupción en el país sur-americano.
En esta reunión el jefe de estado felicito al equipo que encabezo la operación que desbarató una estructura de coimas en el Detave, un sector importante de la Aduana del Paraguay, mientras estuvo sentado al lado de la Fiscala General Quiñónez, y a pesar de este escándalo, el Director General de Aduana sigue prestando servicios a este gobierno.
El jefe del estado Paraguayo declaró que con este operativo se “evidencia un trabajo en equipo, un compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la corrupción”, mientras sus palabras no coinciden con sus acciones, su actual gestión pública y no están reflejadas en la calidad ético-moral de su equipo más cercano.
Sandra Quiñónez es la persona responsable que tiene que destapar la olla y empezar varias investigaciones sobre los afanes corruptivos de algunos referentes del actual equipo presidencial. Desde el año pasado la Fiscala Quiñónez ha demostrado una debilidad profesional, terrible falta de ética y favorecimiento de impunidad política, nepotismo y graves actos de corrupción en el Ministerio Publico del Paraguay. Mientras el Presidente Abdo Benítez brinda discursos atractivos con su típico jepokokuaávajuru he’ê: “el compromiso que tenemos con la sociedad en devolver la esperanza a nuestro pueblo”; estas palabras son simplemente promesas de su campaña política que siguen incumplidas, en los últimos seis meses su gobierno ha desilusionado a la mayoría del pueblo paraguayo, empeorado los niveles de pobreza, elementos que fueron reflejados en las últimas elecciones municipales en Ciudad del Este.
El Paraguay sigue gobernado por políticos que: fomentan el nepotismo y pésimos servicios en el sector público, e impulsan la impunidad como Sandra Quiñónez y José Alberto Alderete, el director actual de ITAIPU Binacional.
Mientras el Poder Judicial está agotado con miles de casos judiciales que esperan resoluciones, tratando de aliviar la morosidad que reina en este poder del estado, la Fiscalía General sigue empanando actos de corrupción en la función pública y fomenta la cultura de nepotismo en su seno de fiscales, causando daños a la imagen institucional y perjudicando gravemente al tesoro público. Sandra Quiñonez ha mantenido el silencio hacia las graves violaciones cometidas por los funcionarios paraguayos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y demostrado llamativa debilidad en su liderazgo en la lucha contra la corrupción y crimen organizado.
Sandra Quiñónez tiene que demostrar firmeza en investigar el proceso irregular de contratación de los servicios y repuestos para las turbinas de la EBY, realizado hace un año atrás por las autoridades Paraguayas y Argentinas.
La opinión pública y comunidad internacional piden aclaraciones a la Fiscala General del Estado sobre la participación de Nicanor Duarte Frutos, actual titular de la EBY, en convalidar esta grave irregularidad administrativa. Asimismo la Fiscala Quiñonez, ha negado por varios meses en iniciar una investigación sobre el rol de Carlos Fernández Valdovinosen facilitar grandes esquemas de lavado de dinero en el sistema bancario del Paraguay, siendo este ultimo como Presidente del Banco Central del Paraguay (2013-2018).
Esta cadena de irregularidades que mancha la actual administración de la EBY, bajo los Gobiernos de Mario Abdo Benítez y de Mauricio Macri, despierta la legítima inquietud de los paraguayos y argentinos, siendo gravemente molestos de que los dos presidentes siguen tolerando hechos de corrupción en la usina principal y en preparaciones del brazo de represa a construirse en Aña Cua.
Según la publicación en ABC Color, el 18 de abril del 2018, “por resolución del Consejo de Administración N° 3789/18, la EBY aprobó contratar en forma directa –sin ninguna licitación ni concurso de precios– al consorcio CAPY, conformado por la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y la paraguaya Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE), para que provea cuatro paquetes de repuestos a ser destinados a las turbinas instaladas en la central hidroeléctrica.” La tremenda suma aprobada ascendió a US$ 53.900.000, de los que ya se ha desembolsado el 23%, según informes obtenidos de fuentes de la EBY. Este caso de corrupción y violación de las leyes vigentes en el Paraguay, encuentra una desidia por parte de Sandra Quiñónez en recusarse y rechazar la apertura de una profunda investigación para sacar a luz el enriquecimiento ilícito de dichas autoridades paraguayas y argentinas.
La participación de Nicanor Duarte Frutos en el actual gobierno paraguayo, el enriquecimiento ilícito de este ex presidente, y el pésimo liderazgo, propensidad de lucrar en forma ilegitima por parte de la Fiscala Sandra Quiñónez, demuestran una alianza exitosa entre los servidores públicos – sin vergüenza – y la Fiscalía General que se encarga en hacer caso omiso a graves hechos de corrupción y prolongado perjuicio al dinero público. El Presidente Mario Abdo Benítez tiene que actuar con firmeza y pedir resultados contundentes a la Fiscala General en un plazo de treinta días, al contrario mandar esta funcionaria pública a su casa, en inmediato.
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