La Constitución  afirma la suficiencia económica de las pensiones para los ciudadanos de la tercera edad. En el artículo 50 del texto constitucional se establece muy claramente que los poderes públicos garantizarán pensiones suficientes económicamente para los jubilados. Se hace referencia explícita a que los ingresos de los pensionistas sean adecuados y sean periódicamente actualizados.

Aunque la cuestión esencial es que se garantiza el derecho a una pensión digna para poder vivir adecuadamente. Y la responsabilidad es de los poderes públicos y no de los ciudadanos.

Que Rajoy diga que es preciso que los ciudadanos ahorren para su jubilación o que la complementen con planes privados de pensiones, porque va a producirse una considerable pérdida de poder adquisitivo por la inflación y por otras causas me parece excesivo.

El Gobierno y los poderes públicos tienen, a mi juicio, la obligación legal y moral de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también la educación y la sanidad.

No cabe duda de que pueden existir planes privados de pensiones para los que quieren ahorrar con ellos de cara a su retiro. Y me parece bien que, como quiere Rajoy, a los diez años puedan sacar su dinero del plan de pensiones.

Lo que no es lógico ni coherente es que se pretenda dar a entender que todos los ciudadanos españoles pueden introducir sus ahorros en planes privados de bancos u otras entidades, de cara a su jubilación.

Existen cientos de miles o millones de españoles en activo que no pueden, aunque quieran, dar dinero para un plan de jubilación privado, porque viven con sueldos bajos que dan para vivir y nada más.Estos millones de ciudadanos tienen derecho a una pensión pública suficiente para poder vivir adecuadamente, algo garantizado y exigido por la Constitución. Y los que podrían ahorrar también.

El déficit del sistema de pensiones no se puede solucionar retrasando la edad de jubilación como proponen organismos internacionales, como, por ejemplo, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

Se resuelve con impuestos finalistas a la banca y a los ciudadanos que disfrutan de más ingresos. Si se suben algo los impuestos a todos los ciudadanos que tributan se arreglaría el problema de la pérdida de poder adquisitivo y se iría reduciendo el déficit. Este tipo de medidas ya las están proponiendo dos partidos políticos españoles.

El Pacto de Toledo debe servir para algo. La subida anual del 0,25% de las jubilaciones es simbólica y  ridícula, ya que supone menos de 3 euros al año, aproximadamente.

En Suecia existe una pensión mínima garantizada vía impuestos. Es un país que ha cambiado o reformado hace años su sistema de pensiones y es un Estado que está a la cabeza del desarrollo social y económico. En Reino Unido también se paga una pensión básica estatal a los que la necesitan y que procede de los impuestos de los que poseen más ingresos y están trabajando o en activo.

El PSOE propone para pagar las pensiones un impuesto del 8% a la banca y subir las cotizaciones a los que más ganan. Esta clase de propuestas y otras similares deben ser estudiadas y aprobadas por los partidos políticos españoles dialogando y negociando, porque son de interés general.

Lo que es absolutamente injusto es permitir que millones de españoles tengan pensiones miserables con las que no puedan vivir. Es insolidario y va contra la justicia social y los derechos humanos. La solidaridad intergeneracional debe ser realizada de hecho con nuevos impuestos dedicados a garantizar unas jubilaciones dignas y  subidas de acuerdo con el IPC.

Retrasar la edad de jubilación es tremendamente injusto e insolidario. Por numerosas razones. Primera: nadie sabe lo que le resta de vida. Segunda: supone la afirmación del relativismo más absoluto. Tercera: es como decir sálvese quien pueda. Cuarta: los ciudadanos tienen derecho a descansar después de toda una vida de trabajo y no seguir al pie del cañón hasta su muerte. Y se podrían añadir muchas más razones.

Lo lógico y realmente justo sería que la edad de jubilación fuera como máximo a los 65 años en todos los casos. Por cierto, las leyes y normas referidas a esto se pueden cambiar, si existe voluntad política de hacerlo.