El reconocimiento de la equivocación por el PP no es suficiente desde un coherente análisis político.

El fin no justifica los medios. Y las explicaciones de Montoro y otros dirigentes del Partido Popular van en la línea de decir que, por estar al borde del rescate, era lo que, en realidad, debían hacer.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional tiene párrafos muy duros en relación con la decisión del Gobierno en 2012. La crisis económica no puede amparar un indulto fiscal a grandes fortunas. Ya que es un claro agravio comparativo respecto a millones y millones de ciudadanos españoles que pagan religiosamente sus impuestos hasta el último céntimo de euro.

A mi juicio, es bochornoso que se hayan perdonado tantísimos impuestos a los que poseen enormes cantidades de dinero ocultas en paraísos fiscales o sin declarar. Y no vale decir que tendría que haber muchos más inspectores de Hacienda de los ya existentes o muchos más procedimientos de investigación de la multitud de posibles fraudes a la Agencia Tributaria. Y al no haberlos está justificado el supuesto mal menor que es el indulto fiscal.

Que se hayan tomado medidas parecidas en otros países no da la razón al Gobierno. Y esto también se deduce del texto de la sentencia del Tribunal Constitucional. No hace falta razonar mucho para darse cuenta de ello. Además, la amnistía se aprobó por un decreto-ley, que es un mecanismo legislativo muy rígido a diferencia de lo que sucede con la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso.

Que la sentencia del alto tribunal haya declarado nulo el decreto-ley es algo grave, porque indica que no se hicieron las cosas de acuerdo a derecho.

Puesto que dice la sentencia que el decreto-ley no es el procedimiento normativo adecuado para aprobar decisiones que «afecten  a la esencia del deber  de contribuir al  sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente  el reparto de la carga tributaria  a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios  de capacidad económica y progresividad». Es difícil ser más contundente. No puede ser que la carga tributaria sea inflexible para la mayor parte de los ciudadanos y para los que poseen grandes fortunas sea flexible con tal de que contribuyan en alguna medida.

El afloramiento de dinero negro y bienes no declarados debe lograrse con investigación y no dando ventajas y trato de favor a los que evaden cantidades astronómicas de dinero para que declaren una pequeña parte de lo que ocultan. Y lo digo con todo el respeto a las autoridades tributarias ejerciendo mi derecho a opinar.

El indulto fiscal logró recaudar menos de la mitad del dinero previsto. Además, se fue suavizando la amnistía, de tal forma, que, al final, parte de los defraudadores regularizaron parte de sus capitales ocultos y determinadas empresas repatriaron dividendos.

Los evasores blanquearon su dinero pagando apenas un 3%. Por si faltara algo más se puede decir que  el 84% de los amnistiados todavía no han sido inspeccionados lo  que es un dato que da que pensar.

Y es indudable que, como dice el Tribunal Constitucional, en la práctica, aunque no en teoría, se pretendió por parte del Gobierno legitimar el fraude fiscal por necesidades económicas del Estado. Es obvio que se dinamitó y saltó por los aires el sistema de justicia tributaria y que el Ejecutivo no cumplió con sus obligaciones.

En la referida sentencia hay otro párrafo especialmente demoledor para el Gobierno y para el ministro de Hacienda y dice literalmente lo siguiente: «La adopción de medidas que, en lugar de servir  a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de  hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». En efecto, no debe haber ningún trato de ventaja con los que defraudan, independientemente del dinero que oculten al fisco, aunque sea muchísimo.

Lo que debe hacerse es ser implacable en la investigación fiscal con los elementos materiales y el personal humano necesario y preciso para esta enorme tarea. La concesión de privilegios para que los defraudadores declaren más no es una conducta ética ni legal. Estamos en un Estado de Derecho en el que debe regir el imperio de la ley para todos y no valen  estrategias que vulneran la igualdad de los contribuyentes a la hora de declarar sus bienes.