Por Malcolm Alvarez-James
El gobierno de Perú planea contratar cuatro fiscales especiales para investigar la trata de personas en regiones con altos niveles de actividad relativa a la minería de oro y turismo, dos áreas donde prevalece el delito.
La oficina del fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia incluyó una partida en el proyecto de presupuesto para el año 2015 destinada a la contratación de nuevos fiscales. Tendrán su base de operaciones en las regiones más afectadas por la trata: las ciudades de Lima, Iquitos, Piura y Tacna, y sus oficinas funcionarán como centros de detección y monitoreo de delitos vinculados a la trata de personas en sus respectivas zonas. También coordinarán sus labores con otros gobiernos regionales.
“Ya hemos tenido la primera reunión con los representantes de Chile y Ecuador, y estamos haciendo los arreglos necesarios con sus procuradores generales”, informó.
El gobierno peruano también anunció que se está sumando a la Campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, una iniciativa internacional para respaldar los programas contra la trata. Brasil, Colombia y México también participan de la campaña internacional de la ONU.
Perú procesa cientos de casos de trata de personas
Los nuevos fiscales aún no han sido contratados, pero las fuerzas de seguridad peruanas ya han llevado ante la justicia a cientos de traficantes de personas.
Entre 2007 y 2013, los fiscales abrieron más de 1.500 casos de trata de personas. Los adolescentes entre 13 y 17 años fueron la población más vulnerable, representando el 55% de todos los casos registrados. El 85% de las víctimas fueron mujeres. De esa cifra, un poco más de la mitad se vio involucrada en trabajo esclavo forzoso por responder a falsas ofertas de trabajos legítimos.
El problema es especialmente predominante en áreas donde se desarrolla la minería y el turismo, según un informe del gobierno de Estados Unidos publicado en 2014. Por ejemplo, en La Rinconada, una localidad minera en la cordillera de los Andes cerca de la frontera con Bolivia, más de 4.500 niñas peruanas y bolivianas fueron engañadas o forzadas para ejercer la prostitución, según cálculos estimativos de la policía peruana.
Además del tráfico sexual, los grupos del crimen organizado explotan a algunos hombres, mujeres y niños peruanos forzándolos a trabajar en minas de oro, tala ilegal, servicio doméstico y otras industrias. En la mayoría de los casos, las víctimas son engañadas con promesas de trabajos bien remunerados y luego obligadas a trabajar por poco dinero o sin pago alguno para saldar supuestas deudas o mediante intimidación de violencia física. El trabajo forzoso infantil incluye la mendicidad, la venta ambulante, y la producción y transporte de cocaína.
Estas formas de explotación forman la base de un negocio delictivo extraordinariamente rentable. La trata de personas se ubica solamente detrás de la venta y tráfico de drogas como una de las actividades delictivas más rentables de Perú.
Colegio de Abogados de Perú considera la incorporación de fiscales ‘una medida importante’
En 2013, los fiscales de Perú lograron 41 condenas por trata de personas. En virtud de la ley peruana, las penas pueden ir de 8 a 25 años de prisión.
La incorporación de más fiscales ayudará a las autoridades de seguridad peruanas a llevar a aún más delincuentes ante la justicia.
“La designación de fiscales [adicionales] para investigar la trata de personas es una de las medidas más importantes para investigar este delito”, manifestó José Luis García, vocero del Colegio de Abogados de Lima. “Estos fiscales podrán dedicarse exclusivamente a investigar y prevenir la trata de personas. Es un paso importante en el sistema judicial de Perú para beneficiar a sus ciudadanos”.
Julieta Pelcastre contribuyó a este artículo.
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