Que no sea obligatoria la mascarilla en interiores a partir del día 20 de abril   es una medida prematura, porque sigue habiendo muchos contagios en muchas partes de nuestro país, por ejemplo, en Asturias. Ya no se están haciendo las pruebas para detectar el Covid-19  y, por tanto, no se sabe si las personas están infectadas o no. No se cuentan ya  los casos.

A los que se pongan graves los atenderán y a los que mueran se les enterrará. El Gobierno español apela a la responsabilidad individual, pero no ha servido hasta ahora para contener el número de contagios por coronavirus.

En los centros comerciales  debería haber buena ventilación y distancia de seguridad, pero nadie garantiza que esto vaya a ocurrir. Además, quien garantiza que un infectado respete las normas y se ponga la mascarilla en interiores, si ni siquiera  lo sabe.

Los más afectados serán, probablemente, los mayores de 60 años y las personas con enfermedades autoinmunes o problemas respiratorios. No se sabe cómo va a continuar el proceso de vacunación, si se va a poner la cuarta dosis y a que sector de la población española.

En el transporte público, en los centros sociosanitarios y en las residencias será obligatorio el uso de la mascarilla. Parece absurdo que en los campos de fútbol no sea obligatoria. Por otra parte, en las aglomeraciones también será de obligado uso la mascarilla.

En España se ha optado claramente por convivir con el coronavirus. En China no. Estos últimos días por un pequeño brote de Covid-19 se ha confinado a 23 millones de ciudadanos en Shanghái. Es increíble.

En España pasadas unas semanas puede producirse una explosión de contagios, pero como se va a contabilizar solo el número de hospitalizaciones, los problemas pueden aumentar de manera exponencial y supondrá que los ciudadanos tengan que asumir, a la fuerza, riesgos excesivos para su salud.

En los centros educativos la situación se puede complicar, porque  aunque se ventile adecuadamente la interacción de los alumnos y alumnas puede causar un aumento en el nivel de contagios. Habrá que mantener la distancia de seguridad y esto parece, en la mayor parte de los espacios de convivencia una utopía, por desgracia. Porque tendría que haber una vigilancia exhaustiva para la que no hay personal suficiente.

La gripalización está en marcha y veremos que resultados dará. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere facilitar la campaña turística y relanzar la economía y el empleo, pero no debe ser a costa de la salud de una gran cantidad de personas. De cara al otoño próximo la situación se puede volver apocalíptica y pueden aparecer nuevas cepas.

En varios continentes el porcentaje de personas vacunadas contra el coronavirus es bajo o muy bajo, lo que dará lugar al surgimiento de nuevas cepas, que pueden ser más peligrosas y este es un riesgo que no puede ser negado.

La política sanitaria en España está restando importancia a la pandemia, porque la mayor parte de la población ha sido vacunada, pero todavía existe un considerable porcentaje de personas que no se han vacunado. Que no sea obligatoria la mascarilla en interiores es una medida precipitada, porque la falta de un control riguroso y sistemático es un riesgo indudable añadido, para los usuarios del sistema español de salud pública.

Los médicos de atención primaria ya no están contando con los medios de diagnóstico, para  distinguir perfectamente entre la gripe y el coronavirus o otras enfermedades, que desarrollen síntomas parecidos. Puede haber muchas confusiones, con consecuencias indeseadas.

Hace falta más información con más antelación sobre el proceso de vacunación en los próximos meses. Es decisivo recordar que el efecto de cada vacuna dura unos seis meses.

El Gobierno no ha explicado que se va a hacer con las personas que ya han perdido la inmunidad, porque ya ha transcurrido medio año, desde que se vacunaron por última vez. Parece que es más importante el ahorro de dinero en pruebas de detección del coronavirus, etcétera, que la salud de la gente. En el fondo es un sálvese quien pueda.

Muchas personas no tienen el poder adquisitivo para ir a la medicina privada  o pagarse con su propio dinero pruebas PCR que son más fiables que los test de antígenos y de esa manera saber, con seguridad, si están o no contagiados. No es lógico ni justo. Tampoco es lo que corresponde en un Estado social de Derecho como es España, según nuestra Constitución.