La ex presidenta argentina Cristina Fernández, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.

El sábado un fiscal pidió investigarla tras escuchar a testigos en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista.

La ex presidenta, que estaba recluida en la Patagonia desde que dejó el gobierno en diciembre, debe responder el miércoles en otro expediente por supuesta defraudación en operaciones cambiarias de dólar a futuro que hizo el Banco Central en los últimos meses de su mandato (2007-2015).

Legisladores del kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) impulsan una movilización de apoyo en tribunales.

“Si la citan a ella, nos citan a todos”, es la frase con la que sus seguidores se auto convocan para el miércoles en las redes sociales.

El dirigente kirchnerista Luis D’Elía aseguró que el juez Claudio Bonadío, un magistrado al que Kirchner cuestionó, puede dejar bajo arresto a la ex presidenta.

“Todos a las calles, Cristina es Perón”, escribió D’Elía en Twitter, al recordar que el tres veces presidente Juan Perón (1946/52, 1952/55 y 1973/74) y fundador del movimiento del que breva el kirchnerismo, fue arrestado en octubre de 1945 y liberado el 17 de ese mes por presión de una histórica movilización popular.

La comparecencia de Cristina Fernández se da tras una semana agitada para el actual gobierno en el que el presidente Mauricio Macri intentó justificar la omisión en su declaración jurada de dos empresas offshore. Un fiscal federal pidió abrirle una investigación, en este caso por presunta “omisión maliciosa”.

El juez Bonadio también citó al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, por las operaciones del Banco Central con contratos de dólar a futuro realizadas en los últimos meses de gobierno de Cristina Fernández en medio de la campaña electoral presidencial.

Kicillof debe declarar el martes, pero en su calidad de actual diputado nacional, puede hacerlo por escrito. De comprobarse un delito, les puede caber una pena de hasta seis años de prisión.

Uno de los impulsores de la denuncia es el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que acusó a Cristina Fernandez, Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli de “regalar” las reservas.

“Hay un estúpido que lo regala (al dólar) y otro que lo compra a lo que vale. El estúpido es el Banco Central”, había dicho Prat-Gay en el auge de las operaciones que en noviembre pactaban el dólar de enero a 10,28 pesos. Pero en enero el billete cotizó un 50% más por la devaluación del 30% que se produjo tras la asunción de Macri, el 10 de diciembre, quien liberó al dólar.

El Banco Central debió desembolsar mayor cantidad de pesos en comparación con la cifra pactada originalmente, con pérdidas por unos 30.000 millones de pesos. Muchos contratos fueron renegociados por el actual gobierno.

“Bonadío tendría que haber citado a Macri y Prat-Gay que concretaron la devaluación”, dijo el jefe de la bancada de Diputados del FPV, Héctor Recalde.

Vanoli declaró en un escrito el jueves que, con estas operaciones, intentó “enviar señales claras y contundentes de que no planeaba convalidar las expectativas de devaluación a los efectos de promover la estabilidad cambiaria”.

La justicia no ha divulgado el nombre de empresas e inversores argentinos que compraron esos contratos aprovechando las pujas entre el mercado que presionaba por una devaluación y el gobierno de Cristina Fernández que intentaba desalentarla.

El exjefe de gabinete de Kirchner Juan Abal Medina calificó de “disparate” la investigación judicial y anticipó que “la movilización del 13 de abril será grande”.

El kirchnerismo sostiene que las pesquisas buscan desviar la atención de las revelaciones de los “Panamá Papers” sobre las sociedades offshore de Macri, quien llegó a la presidencia con un mensaje de ética y lucha contra la corrupción.