Por Paolo Moiola

Explotación petrolera deja reguero de contaminación y muerte en la Amazonia peruana.

El vertido de residuos de petróleo en las aguas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza y Tigre y en el bosque amazónico está produciendo consecuencias fatales para las poblaciones locales, en su mayoría de la etnia kukama. Los responsables son conocidas empresas petroleras, pero las autoridades peruanas se han movido con gravísimo y culpable retardo. Desde hace años las víctimas protestan contra la contaminación y la violencia, pero el negocio del petróleo siempre ha tenido la sartén por el mango.

“Pertenezco al grupo indígena kukama. Un día mi papá salió a pescar. Al regreso sólo trajo dos pescados. Mis hermanos y yo le preguntamos qué había pasado, porque él siempre traía harto. Recuerdo que dijo algo sobre derrames de petróleo que están ensuciando el río. Nos dijo que por ese motivo los peces están enfermos, que no podemos comerlos. También nos dijo que no podíamos bañarnos en el río porque si lo hacíamos nos íbamos a enfermar. Le escribo para que haga algo, porque somos niños que queremos vivir”.

Esta es la carta que escribió Alexander Ricopa Fasabi, un niño de 9 años de la localidad kukama de Santa Clara, en el departamento de Loreto, a orillas del río Marañón, al presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, y que junto con las de decenas de otros niños y niñas indígenas quieren llamar la atención sobre la situación de su comunidad.

La protesta de los menores ha sido un nuevo y desesperado intento de los kukama para poder ser escuchados por las autoridades políticas. La iniciativa fue ideada por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón, dos infatigables sacerdotes agustinos españoles que viven entre los kukama en la localidad de Santa Rita de Castilla, y que desde hace años luchan en cuerpo y alma por los derechos vulnerados de ese pueblo. Desarrollan sus acciones en estrecha colaboración con la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que forma parte de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).

Emergencia ambiental
La situación es insostenible: la contaminación en el norte de la Amazonia peruana ha puesto en peligro la vida material —pero también espiritual— de las comunidades indígenas. Durante el 2013 se declararon en emergencia ambiental, una tras la otra, las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. Por último, en mayo pasado, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia ambiental y sanitaria también en la zona del bajo Marañón. Todas estas son decisiones tomadas con vergonzoso retardo respecto a los hechos, la magnitud de los daños y las denuncias.

La explotación petrolera en esta parte de la Amazonia peruana se inició en 1971. Un oleoducto de más de 16 km atraviesa el bosque y territorios indígenas transportando cada día miles de barriles de petróleo. Como se trata de una estructura con más de 40 años de antigüedad, ya muestra la señal de los años: las tuberías están muy deterioradas y las conexiones precarias. Si en un tiempo los derrames de petróleo se producían en las inmediaciones de los pozos de perforación, ahora son cada vez más frecuentes y consistentes a lo largo del oleoducto. Sólo en los últimos cinco años se han documentado más de 100, de acuerdo con la Alianza Arkana, organización internacional defensora de los pueblos amazónicos.

Además de estas fugas de crudo, en los ríos se producen derrames —eran la norma hasta al menos el 2009— de las llamadas “aguas de producción”. Se trata de aguas muy calientes (de 80º a 90º), saladas y contaminadas con petróleo, metales pesados (mercurio, cadmio, bario, plomo, arsénico, etc.) y elementos radiactivos. Las consecuencias de las fugas y derrames son devastadoras para la flora, la fauna y las poblaciones. Expuestas a la contaminación cotidiana, las personas contraen enfermedades muy diversas, algunas graves o mortales como tumores, insuficiencia renal y daños al sistema nervioso.

Empresa contaminadora
El responsable de todo esto es conocido: se llama Pluspetrol Norte, empresa perteneciente al grupo petrolero argentino Pluspetrol. Opera en los lotes 1AB (explotado por la petrolera estadounidense Occidental Petroleum hasta el año 2000) y 8 (perteneciente a la estatal Petroperú hasta 1996, y a su vez dividido en cinco lotes separados más pequeños). Los lotes ocupan las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón y parte de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria (lote 8X). Hoy en día, las aguas de estos ríos están altamente contaminadas, así como vastos territorios de la reserva. Algunos sitios incluso han desaparecido, como la laguna Shanshococha, que se encontraba en las inmediaciones del lote 1AB.

La empresa se defiende afirmando que las fugas del oleoducto son causadas por actos de sabotaje y vandalismo perpetrados por personas pertenecientes a comunidades indígenas, negando las condiciones desastrosas en que se encuentran las tuberías. En cuanto a las “aguas de producción”, desde hace algunos años —señala la empresa petrolera— se reinyectan en el subsuelo. Sin embargo, hay que recordar que desde hace más de una década, Pluspetrol ha derramado en cuatro ríos amazónicos —todos afluentes del río Amazonas— hasta 1.1 millones de barriles de agua de producción al día. Por último, la empresa petrolera acusa a sus predecesoras Occidental Petroleum y Petroperú de daños a los sitios ambientales. Eso en parte es verdad, pero —afirman las asociaciones indígenas— al hacerse cargo de las concesiones Pluspetrol también ha asumido la responsabilidad de reparar los daños previos.

El temor más difundido es que la contaminación sea demasiado grave y que, para recuperar un mínimo de equilibrio en el ecosistema, sean necesarias décadas, si no generaciones. Mientras tanto, observan Cadenas y Berjón, la comunidad kukama vive en la violencia, tanto externa (enfrentamientos con el Estado y las empresas), pero también interna (embriaguez, violencia doméstica, suicidios).

“Trabajando en armonía con el medio ambiente y la comunidad”, dice la propaganda distribuida por Pluspetrol. Una broma que haría sonrojar a cualquiera, pero no a la empresa petrolera argentina y las autoridades políticas que la han protegido hasta hace poco.

Fuente: Noticias Aliadas