Por Geovanny Vicente-Romero y Eridania Bidó Fernández

Organizar el transporte en la República Dominicana representa uno de los mayores desafíos para el gobierno, especialmente para la ciudad de Santo Domingo, donde se concentra el mayor flujo de vehículos del país. Desde el año 2000 se han venido creando instituciones con el objetivo de resolver la problemática existente en materia de trasporte.

Se ha avanzado en ese sentido, dando pasos cuantitativos al respecto, pasando del uso de un sistema de transporte exclusivo de autobuses a un moderno sistema de metro y de manera más reciente, la incorporación del Teleférico de Santo Domingo. Con esto último, la ciudad de Santo Domingo se colocaría a nivel de ciudades como Medellín, (Colombia), Oregón (EEUU), Caracas (Venezuela), Rio de Janeiro (Brasil) por mencionar algunas. Estas ciudades han apostado por la integración de redes de teleféricos como alternativa para mejorar la movilidad urbana. Con estos dos medio de movilización, cuando se hable de transporte colectivo en la República Dominicana, tendremos que referirnos a un antes y después.

Un análisis interesante es el que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la utilidad, impacto y las ventajas de los teleféricos como medio de transporte a través del trabajo publicado “Los teleféricos como alternativa de transporte urbano”.

Las iniciativas llevadas a cabo por el Estado dominicano —en su momento criticadas por muchos— han ido dando resultados en un segmento importante de la población, disminuyendo así una de las problemáticas sociales del país. Se ha avanzado, pero falta mucho por hacer y es precisamente ahí donde hay que poner el esfuerzo mancomunado de todos los actores. Recientemente se promulgó una nueva Ley  sobre  Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial No. 63-17, la cual derogó la Ley de Tránsito No.241 promulgada el 28 de diciembre de 1967. En el marco de esta nueva normativa se creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que como ente rector del trasporte viene a sustituir varias instituciones que tenían duplicidad de funciones.

La nueva Ley tiene por objeto regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana y establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, así como la normativa a tal efecto.

El Estado, tratando de mitigar el problema del transporte, creó mediante el Decreto No.448-97, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la cual presta este servicio de transporte público de pasajeros en Santo Domingo y Santiago. Este servicio no ha sido suficiente para competir con el servicio prestado por el sector privado donde recaen los sindicatos, asociaciones o personas físicas.

Pero todo no es tan fácil como lo describimos aquí o como la propia ley lo plantea, la implementación de estas políticas, al igual que otras, ha tenido y tiene de frente grandes retos que el Estado debe vencer para poder desarrollarla de manera integral de cara a mejorar y modernizar el transporte urbano en el país. El llamado “motoconcho” —personas que en motocicletas transportan a otros al estilo de “mototaxi” —  aún tiene mucha presencia en República Dominicana, llegando a verse casos donde 4 personas ocupan estas motocicletas, a veces niños y sin la protección de un casco. Este transporte motorizado es el medio por excelencia utilizado en la mayoría de los asaltos.

A continuación destacamos seis retos o desafíos concretos que necesitan ser abordados para lograr la transformación del sistema de transporte dominicano:

1. Establecer los controles que la Ley indica sobre las entidades independientes que brindan servicios de transporte terrestre sea de pasajeros o de cargas, lo que se ha constituido en la espina dorsal hacia la resolución de la problemática del transporte (sindicatos de choferes existentes en el país, a quienes se les ha llegado a llamar ‘’los dueños del país’’)

2. Implementar de manera integral lo que establece la nueva y ambiciosa Ley de Tránsito. Es necesario educar a la ciudadanía para lo que se requiere amplias jornadas de socialización de la nueva normativa.

3. Lograr que los ciudadanos hagan uso del transporte público, disminuyendo el uso del transporte privado, lo que se traduciría en menos entaponamientos. Para ello hay que garantizar un transporte seguro.

4. Replicar hacia otras ciudades los modernos medios de transporte garantizando la mejora integral del sistema de transporte en el país.

5. Adecentar los carros y autobuses utilizados para el transporte de pasajeros. Aplicar seriamente la política de vehículos chatarra para renovar el parque vehicular dominicano y contribuir con el medio ambiente.

Reformar un sistema de transporte no es una tarea exclusiva del Estado, es un cambio de paradigma ciudadano. Por tanto, se requiere educar y concientizar la población para que se genere el cambio de cultura ciudadana. ¡Es un trabajo arduo, que requiere del esfuerzo de todos!

Geovanny Vicente-Romero es un analista político, consultor internacional y profesor establecido en Washington D.C. Comentarista político en RT en Español. Es el fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Eridania Bidó Fernández es cofundadora y Vicepresidenta Ejec.  del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD).