La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó un proyecto de reforma constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral.

La medida, que se enmarca dentro de una serie de iniciativas para enfrentar la crisis provocada por casos de financiación irregular de campañas políticas que está investigando la justicia, será aplicada a partir de las próximas elecciones.

“Con esta reforma estamos custodiando la legitimidad de la democracia”, dijo Bachelet al presentar la iniciativa en el Palacio de La Moneda. “Esta confianza se ve dañada con casos como los que hemos visto en el último tiempo. Debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando”, agregó.

Los llamados casos Penta y Soquimich han dejado al descubierto aportes irregulares de empresas a políticos a través de boletas de honorarios y facturas pagadas por servicios nunca prestados. Las acusaciones de financiación fraudulenta han salpicado a actores de distintas tendencias del espectro político chileno.

Bachelet recalcó que Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética.

“Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley”, agregó.

En concreto, la reforma propone que desde las próximas elecciones se “sancione con la pérdida del cargo a quienes defrauden las normas de financiamiento y control de gasto electoral, y cuyo procedimiento y regulación establecerá una ley orgánica constitucional dictada al efecto”.

La medida establecerá “una sanción directa” para quienes no cumplan la ley electoral.

“En esta reforma estamos proponiendo que el cargo se revoque directamente, es decir, que la condena en el ámbito penal implique la pérdida del cargo”, dijo Bachelet, quien precisó que la propuesta no considera los cargos parlamentarios.

Bachelet precisó: “estamos hablando de cargos de elección popular que no tienen facultad legislativa”.

Según la mandataria las sanciones por infracciones a la ley electoral en el caso de diputados y senadores serán abordadas por una iniciativa presentada por los propios congresistas.