Parece que la negociación entre PP y Ciudadanos está bloqueada en algunos aspectos centrales como son los relativos al gasto social planteado por el partido de Rivera. La capacidad de no dar largas es muy necesaria para lograr un acuerdo. Si no es así, no tiene mucho sentido que se sienten a buscar un consenso con bastantes reformas que, probablemente, mejorarían la situación económica y social del país.

La política española de este momento se basa en ver quién puede imponerse para lograr ventaja y seguir con su programa sin cambiarlo. O al menos esa es la impresión que está dando el partido que gobierna la nación. Es necesaria mucha más flexibilidad cognitiva para darse cuenta de que las viejas fórmulas políticas ya no sirven y deben ser sustituidas.

El miedo que tienen los dirigentes del PP  a  no poder disponer de dinero suficiente para las reformas es infundado, porque existen mecanismos de ajuste del gasto que se pueden utilizar sobre la marcha. Además la distribución del dinero procedente de los impuestos se puede realizar de otras maneras más beneficiosas. Se puede cambiar todo en la administración de un país, con el fin de garantizar o asegurar la prosperidad general y un auténtico Estado del Bienestar. No se debe tener temor a nuevas políticas sociales y laborales y el partido Popular lo tiene.

Además están los expertos que pueden aconsejar sobre formas de dinamizar la economía española.  La excesiva prudencia ya no sirve para resolver los problemas económicos es preciso  poner en práctica medidas nuevas para crear empleo incentivando, si es necesario, a los empresarios y a los autónomos, con ayudas económicas sustanciales y con la persecución del  fraude a Hacienda. Luchando a la vez contra la economía sumergida que es un lastre para el país. Porque si no aflora realmente toda la actividad productiva se ingresan menos impuestos y eso repercute en todos los ciudadanos.

La duplicidad administrativa que parece existir con las Comunidades Autónomas puede ser reducida para destinar los fondos resultantes a  gastos sociales y a otras necesidades  de los ciudadanos.

En lo referente a la renta mínima básica considero que su implantación es imprescindible, por muchas razones que son fácilmente entendibles. Y no es cierto que puede servir para incrementar el número de los que no quieren trabajar para vivir de la renta mínima, porque existen controles para evitar este tipo de picaresca y engaño.

Al final, la racionalidad es lo que debe dirigir la actividad política en beneficio siempre de los más desfavorecidos y de la clase media. Ya que la clase alta o los ricos no necesitan a las instituciones en el mismo sentido. Tampoco estaría mal el análisis de  las políticas que están aplicando en países como Noruega, Suecia o Finlandia, aunque su población sea mucho menor que la española para extraer enseñanzas útiles.