El 18 de mayo de 1944 el régimen totalitario soviético cometió un terrible crimen contra uno de los pueblos del multiétnico estado soviético – los tártaros de Crimea, que habían sido el pueblo autóctono de la península de Crimea y la habitaban desde los tiempos más remotos.

Después de la liberación del territorio de la península de Crimea de las fuerzas nazis por el Ejército Rojo en abril de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, las autoridades del Kremlin decidieron castigar a los que habían permanecido bajo la ocupación alemana en los años anteriores.  En total, cerca de 200 mil tártaros de Crimea, bajo la falsa acusación de supuestas “acciones traicioneras contra el pueblo soviético”, fueron deportados a regiones lejanas de Uzbekistán, Kazajistán y la Federación Rusa. La mayoría de los deportados eran mujeres, niños y personas de edad avanzada pues casi todos los hombres estaban luchando en diferentes frentes de la guerra.

La deportación era llevada a cabo por las tropas del NKVD (Supremo Comisariado para el Interior) de la URSS, en forma de una operación punitiva especial, acompañada por la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de los deportados, con localidades rodeadas por fuerzas armadas, familias tártaras expulsadas por fuerza de sus casas, personas mantenidas un largo rato en plazas públicas o en cementerios, la gente embarcada en vagones sobrecargados para transporte de ganado.

En los lugares de asentamiento especial, los tártaros de Crimea eran utilizados en trabajos duros y extenuantes, incluidas las minas, abatimiento de árboles, construcción de canales de irrigación etc. Según diferentes cálculos, apenas en los primeros años del exilio más de 46% de los tártaros de Crimea fallecieron en aquellos asentamientos, a raíz del hambre, enfermedades en masa, maltratos y trabajos forzados.  El período de la retención coercitiva de los tártaros de Crimea en los lugares del exilio y la prohibición de su retorno y residencia en Crimea duró hasta el 1989. Sólo después de la independencia de Ucrania en agosto de 1991 los tártaros empezaron a retornar a los lugares que habían abandonado sus padres y abuelos en 1944.

Lamentablemente, después de la anexión y ocupación ilegal de Crimea por Rusia en marzo del 2014, la situación de la comunidad tártara que vive en la península volvió a deteriorarse de manera drástica.  El pueblo tártaro de Crimea está nuevamente bajo la amenaza de violencia y terror.  Las autoridades rusas de ocupación aumentan la presión sobre representantes del pueblo autóctono de la península. En los últimos años se han registrado muchos casos de detenciones arbitrarias de los tártaros de Crimea, allanamientos de sus domicilios y desapariciones forzadas de las personas que están en contra de la política rusa en la península.

Los ocupantes proscribieron las actividades del Mejlís – órgano clave de la autodeterminación nacional de los tártaros de Crimea (el cual ahora funciona en la Ucrania Continental), al igual que prohíben la enseñanza del idioma tártaro en las escuelas de la península anexada y la profesión del culto islámico en las mezquitas tártaras.  La presión continua contra el pueblo tártaro hace que muchos de sus representantes se hayan visto obligados a abandonar sus hogares, al igual que sus antepasados hace 70 años, y buscar refugio en otras regiones de Ucrania.

La Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania, a través de su Resolución del 12 de noviembre del 2015, reconoció la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 como genocidio del pueblo tártaro de Crimea.  Al mismo tiempo, el parlamento declaró que la presión sistémica sobre el pueblo tártaro de Crimea, inclusive por medio de la organización de persecuciones políticamente motivadas de tártaros de Crimea y sus órganos representativos, en el territorio de Ucrania temporalmente ocupado, por parte de las entidades públicas de la Federación de Rusia, es una política concienzuda de etnocidio del pueblo tártaro de Crimea.

El 23 de abril del 2019 el Mejlís del pueblo tártaro de Crimea publicó un llamamiento a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados-miembros de las Naciones Unidas, en el cual, en base a las estipulaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 09.12.1948, constata que el traslado forzado del pueblo tártaro de Crimea del territorio de su residencia histórica, la creación premeditada de condiciones de vida, en los lugares de asentamiento especial, que hayan producido fallecimientos en masa de los tártaros, especialmente de mujeres y niños, la limitación de los medios básicos de subsistencia, la prohibición de retornar y residir en Crimea por varias décadas, la asimilación lingüística y cultural premeditada, según el derecho internacional, tienen indicios de genocidio.

En mayo del 2020, se conmemora el 76º aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen estalinista, crimen que no tiene fecha de prescripción ni olvido.

Es de suma importancia de que el reconocimiento del hecho del genocidio del pueblo tártaro de Crimea por la comunidad internacional, de conformidad con la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, significaría no solamente el restablecimiento de la justicia histórica, sino también serviría para prevenir semejantes acciones en el futuro contra cualquier pueblo del mundo.