El fantasma del default financiero vuelve a acosar a la economía argentina. La amenaza de una cesación de pagos forzada por la demanda de los holdouts que no han aceptado las reestructuraciones de la deuda soberana de 2005-2010 y exigen un trato diferencial, tomada por un Juez de Nueva York, Thomas Griesa, se cierne sobre un país que entró en recesión luego de un largo periodo de crecimiento de su PBI. Cuáles son las variables que están en juego y las posibles salidas a esta situación.
El 31 de julio pasado, al vencer un pago a los holdouts que han entrado en las sucesivas reestructuraciones de deuda soberana de 2005 y 2010 que fue retenido por una medida de embargo dictaminada por el juez de Nueva York, jurisdicción donde se realizan los pagos del canje, Thomas Griesa, quien tomó una demanda de hedge funds que no entraron por elección en esas negociaciones, El Estado argentino fue empujado a un default financiero. Las negociaciones previas, en las que intervino hasta el ministro de Economía de ese país, Axel Kicillof, para destrabar ese pago y la maniobra efectuada por este juez, han fracasado debido a una posición intransigente de dichos holdouts (entre ellos NML Ltd., liderado por el polémico Paul Singer) que no entraron en las reestructuraciones (un 7 % frente al 93% que decidió aceptar la propuesta) y a la parcialidad acérrima de Griesa.
Fue el capítulo culminante de una larga etapa de idas y vueltas entre las partes. Cuyo final abrió otra fase en la que, luego de opacos e infructuosos intentos de la banca privada nacional e internacional por intervenir en el asunto para evitar el default, el Estado argentino, a través de su presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Kicillof, pateó recientemente el tablero al proponer un proyecto de ley en el cual se propone cambiar la plaza financiera de Nueva York a Buenos Aires para poder finalmente cumplir con los compromisos asumidos frente a los que aceptaron las reestructuraciones de deuda soberana mencionadas. De esta manera se apunta a salir de la jurisdicción del juez Griesa y de la cesación de pagos impuesta. La cual puede profundizar el ciclo recesivo en el que entró la economía argentina.
Crónica de la situación de la deuda externa argentina entre 2001 y la actualidad
El ex presidente Fernando de la Rúa renunció a su cargo el 20 de diciembre de 2001 a raíz del estallido social provocado por la crisis económica que venía extendiéndose desde el año 1998 y se agravó en ese año con una flagrante fuga de capitales así como una suba del desempleo y la pobreza a consecuencia de una política económica que solo buscaba satisfacer a los organismos internacionales de crédito y el sector financiero nacional e internacional en el afán de reducir el déficit fiscal y mantener la convertibilidad del peso argentino con el dólar a costa del sueldo de los trabajadores. Luego de las trágicas jornadas marcadas por saqueos a comercios y la represión policial a los manifestantes que pedían la renuncia del gobierno que en total dejaron cuarenta muertos en todo el país, este no contó con el apoyo del peronismo, que hasta ese entonces era oposición. Se consumó así una suerte de 18 brumario en el que cayó el gobierno del partido radical (y su alianza con el sector bancario y financiero pro-dolarización) y asumió una vez más el mando del Ejecutivo el partido peronista (en alianza con las provincias y el sector industrial que buscaban licuar las deudas asumidas con una devaluación que pusiera fin a la convertibilidad). Como trasfondo, la economía del país quedó al borde de la cesación de pagos luego de varios intentos fallidos por restructurar la deuda que terminaron en la nada.
El 23 de diciembre de ese año, el peronista Adolfo Rodríguez Saa fue electo por aprobación de la Asamblea Legislativa como presidente provisional hasta la convocatoria de nuevas elecciones, fijadas en ese momento para marzo de 2002. Como primer acto decidió la cesación de pagos de la deuda soberana por 102 mil millones de dólares. Una decisión polémica que, dada la imposibilidad en ese momento de hacer frente a los vencimientos, se presentaba como única opción. No obstante, lo que causo problemas fueron las formas a través de las cuales se procedió a ello, sin el armado de un consenso ni un programa de restructuración nuevo a futuro. El default era un hecho. A la falta de recursos presupuestarios para afrontar la emergencia social interna como resultado de la crisis económica se le sumó la falta de financiamiento externo.
La presidencia de Rodríguez Saa duró dos semanas dejando como herencia el default. La situación social estaba lejos de calmarse. Ante la renuncia del mismo, asumió otro peronista, Eduardo Duhalde, al frente del Poder Ejecutivo. Luego de un año y medio, entre enero de 2002 y mayo de 2003, el escenario económico y social del país retoma la senda de normalización aunque en un contexto de suma precariedad a raíz de una cruenta devaluación que terminó con la convertibilidad del peso argentino, la cual se manifestaba como inviable debido a la cantidad insuficiente de reservas para sostener esa paridad cambiaria y al enorme déficit fiscal.
Restructuración de la deuda soberana y desendeudamiento con organismos internacionales de crédito
Con los primeros índices socioeconómicos positivos luego de la crisis de 2001, se dio inicio a un periodo de crecimiento que tuvo como base al auge del sector agroexportador. Pues la soja se volvió un commodity preciado en el mercado global con el crecimiento de la economía china y la consecuente satisfacción de sus demandas. En los albores del mismo, Néstor Kirchner es electo nuevo presidente de Argentina para el periodo 2003-2007. Entre todas las metas de su programa de gobierno, basado en un giro hacia una política económica y social de reparación dirigida a los sectores sociales más castigados por el régimen económico de corte neoliberal en la década de los noventa, incluyó abrir un proceso de desendeudamiento con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional y la apertura de un ambicioso plan de restructuración de la deuda soberana dirigido a los holdouts que tomaron títulos de deuda durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) con el objetivo de dejar atrás el default.
El gobierno de Néstor Kirchner propuso en principio una quita del 75% del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendían en valor a más de 94 mil millones de dólares. En base a la propuesta presentada por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, los acreedores privados podían escoger entre tres bonos: Discount (con una reducción del valor nominal), bonos par (con mayores plazos de vencimiento y sin reducción) y bonos C (que requerían de un aporte de fondos). Estos títulos podían consolidarse en dólares, euros, yenes o pesos indexados (1). Sin embargo, la propuesta inicial fue rechazada.
En junio de 2004 el gobierno anuncia la “propuesta de Buenos Aires” para reestructurar los pagos de la deuda. En enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default. A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos: El Par (que no implicaba quita del capital original adeudado) pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038), El Cuasi Par (que incluía una reducción del 30,1% del capital) pagaría un interés del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años y el bono Descuento (que implicaría una quita del 66,3%) pagaría el mayor interés, 8,28%, y tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).
Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó en febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil millones en títulos Discount, y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.
Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el 9,1%. Por el monto y la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólares, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos), se consideraba que esta era la operación más importante de la historia financiera mundial.
El 9 de febrero de 2005 el Poder Legislativo sancionó la ley 26.017 o “Ley cerrojo” prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.
A comienzos de 2006, el Estado argentino pagó todas sus deudas con el Fondo Monetario Internacional por medio del depósito anticipado de 9.530 millones de dólares. La coyuntura favorable en materia económica, con tasas de crecimiento que oscilaban entre el 7% y el 9%, estabilidad cambiaria, crecimiento de las reservados internacionales así como la baja sostenida en los índices de desempleo y pobreza, ha favorecido la profundización de esta política de desendeudamiento. Un ejemplo: la baja en las reservas del Banco Central provocada por el pago al FMI (de 28 mil millones a 18 mil millones) se recuperó con creces a 32 mil millones a finales de ese año.
Sin embargo, aún quedaban acreedores de títulos de deuda argentinos que no habían aceptado ingresar a la restructuración de 2005. Por eso, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Economía Amado Boudou anunció en 2009 el relanzamiento del canje. El cual se abrió en 2010. Con una quita del 66,3% a los inversores institucionales y para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo: Para ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía. El nivel de adhesión al canje se ubicó por encima del 97 por ciento de los acreedores. (2) Los inversores institucionales recibieron un bono discount con una rebaja del 66,3% en la deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017. Los inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita. (3)
A mediados de junio del 2010 la presidenta anunció un plan de desendeudamiento para las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Chaco. El año 2010 finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI. (4)
El último eslabón en el proceso de desendeudamiento con organismos internacionales lo represento el largo derrotero que significó, finalmente, el acuerdo de pago con el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores con el que la República Argentina comenzó a vincularse en la década del cincuenta en búsqueda de financiamiento para obras. En mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por intermedio de la comitiva enviada a París encabezada por el ministro de economía Axel Kicillof consiguen un histórico acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de cinco años.
Según datos del propio FMI de 2011, Argentina experimentó en la última década una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno y resultó ser el país con mayor nivel desendeudamiento del mundo. Se destaca, también, que de acuerdo al ritmo del crecimiento del producto bruto de la Argentina, en cinco años, la relación deuda/PBI sería aún menor y bajaría al 40%.La Argentina contaba a fin de 2011 con u$s 251 mil millones en activos externos, de los cuales u$s 46 mil millones eran reservas internacionales Tiene una posición acreedora neta de u$s 52 mil millones (+11%/PBI). (5)
Un capítulo aparte, en este contexto, merece el caso de la relación entre el Estado argentino y España, en el que se incluye el episodio que protagonizó el gobierno de Cristina Fernández con la empresa petrolera Repsol. Luego de haber iniciado un proceso de desendeudamiento con el Estado español, el cual finalizo en 2007, con la firma de un acuerdo de restructuración de la deuda de 982,5 millones de dólares asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana, en 2012 se abrió un conflicto ligado a la estatización del 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (privatizada durante el gobierno de Carlos Menem) a causa de la operación deficitaria que venía realizando Repsol de dicha compañía. Pues no se estaban respetando los rendimientos estipulados en el contrato. Recién en este año, en el marco de la búsqueda del gobierno argentino para lograr una coyuntura favorable que le permitiera acceder al financiamiento externo de la ahora estatizada petrolera focalizado en la explotación de reservas de gas no convencional (shale gas), una potencial fuente de gran riqueza en dicho recurso, se llegó a un acuerdo de indemnización que la corporación española venía demandando desde 2012. Entre las acciones vendidas y los bonos, el grupo español ha conseguido 6.309 millones de dólares (unos 4.630 millones de euros), incluyendo los intereses devengados (cupón corrido). (6)
El asedio de los holdouts que no aceptaron la restructuración
Los hedge funds (o fondos buitres), liderados NML Capital ltd. y EM ltd. que no aceptaron entrar a los programas de restructuración de la deuda soberana argentina iniciaron una demanda al Estado argentino en paralelo al desarrollo de esas iniciativas.
Ya en 2012, un juez de Nueva York, plaza financiera elegida para realizar los pagos de la restructuración, Thomas Griesa, quien tomó el caso, dictaminó que Argentina violaba la cláusula “pari passu” (“tratamiento igualitario”) y ordenó abonar 1.330 millones de dólares. Los títulos de deuda fueron emitidos en 1994, conforme al Fiscal Agency Agreement, acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito. (7)
Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, de la American Chamber of Commerce of Argentina y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país), del Bank of New York, una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como “rehenes” de los holdouts y de la Reserva Federal (8)
Frente a esta situación, el Gobierno argentino propuso reabrir el canje para aquellos fondos que optaron por no ingresar en los anteriores. Pero la oferta fue rechazada por los mismos. Las apelaciones al caso por parte del Estado siguieron, pero no consiguieron éxito. El juez Griesa se mantiene un su posición intransigente, defendiendo la postura de los bonistas que no entraron al canje. Exige que el Gobierno de Cristina Fernández les pague 1.500 millones de dólares sin restructuración y den el mismo trato que a los que aceptaron el mecanismo. Una sentencia que apunta con arrojar al abismo financiero al Estado, pues esa sola acción de pagarles a los llamados fondos buitres activaría la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers).
RUFO es una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 por la cual se prohíbe pagarles más a los holdouts, lo que se crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron o no a los canjes. Por lo tanto, si se negocia con los fondos buitre antes del 31 de diciembre de este año, fecha en que vence esa cláusula, y se les ofrece un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podrían demandar y exigir un pago. Si se llega a pagarle a los fondos en conflicto como estos demandan, la cláusula podría gatillarse con el surgimiento de demandas de mismo trato por parte de los que aceptaron el canje.
Los hedge funds: El lado más salvaje, parasitario y desbocado del tardo capitalismo
Los hedge funds o Fondos de Inversión representan un instrumento financiero de inversión caracterizados por el alto riesgo que conllevan sus maniobras. Son conducidos por despachos de corredores de bolsa, gestores de fondos o bancos de inversión.
Existen varias formas de definir a estos fondos. Son considerados como un vehículo de inversión colectiva constituido de forma privada, gestionados por bancos de inversión o gestoras de fondos. Los cuales cobran comisiones sobre los resultados obtenidos. Utilizan formas de inversión no permitidas para fondos tradicionales como el short-selling (apuesta a futuras bajadas de precios de acciones), utilización de derivados financieros y compras de valores mediante apalancamiento agresivo. (9)
Se trata de fondos que no son debidamente regulados. No brindan información de sus operaciones. Constituyen un sector opaco de economía global que surgió al calor de las reformas económicas entre los setenta y los ochenta que reconfiguraron la arquitectura económica internacional, devolviendo a esta a los tiempos del Laissez Faire.
La desregulación que permitió a la banca de inversión, los gestores de fondos y las firmas de corredurías de bolsa apropiarse en buena medida de la banca comercial reforzando el poder financiero, pero poniendo en peligro la financiación de los sectores productivos y por tanto de los empleos, comenzó en los años setenta con la Crisis del petróleo de 1973 que provocó, como falsa salida, y la quiebra del sistema diseñado en los acuerdos de Bretton Woods. (10)
El trasfondo ideológico detrás de los números
En ese contexto, los hedge funds como los que han demandado al Estado argentino y otros paises con situaciones similares de endeudamiento, representan la cara más brutal del tardocapitalismo constituido a raíz de la crisis del modelo económico de Bienestar social, la alta participación del sector público y la industria en la economía luego de la depresión del treinta y la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un sector parasitario de las finanzas internacionales que se alimenta a partir del debilitamiento de los Estados soberanos.
La puja de los holdouts que no entraron a la restructuración de la deuda soberana argentina puede entenderse también como una cruzada ideológica. No sería descabellado pensar que un gobierno que, más allá de sus deficiencias y errores, que no han sido pocos, en especial durante los últimos años en los que ha encabezado políticas erráticas que no han podido contener los altos índices de inflación ni un creciente déficit que amenaza la recuperación económica iniciada en 2003, pero que ha marcado un parteaguas en diferentes aspectos que hacen a una política económica de una nación como lo es el no aplicar automáticamente recetas económicas dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el expandir (allende los agujeros negros de torpezas y corrupción) las atribuciones del Estado en esa materia y en el aspecto social, sea considerado como enemigos por grupos como NML Ltd., que persiguen una “utopía” basada en mercados absolutamente “desregulados” que operen a sus anchas sobre las sociedad civil y Estados-nación reducidos a su mínima expresión (esto es, dedicados únicamente a defender intereses de grupos económicos concentrados y conducidos por sectores afines)
Se paga (pero no en Nueva York): un aporte al cambio en las relaciones de poder entre naciones y el poder económico internacional.
Frente a la situación de “callejón sin salida” impuesta por el juez Griesa y los holdouts en pugna con el Estado argentino, el gobierno de Cristina Fernández propuso pagar a los bonistas que participaron de la restructuración de la deuda post-default de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la reglamentación de un proyecto de ley que permita dicho movimiento.
Si bien se trata de una modificación al arreglo de la restructuración que estipulaba como plaza financiera de operaciones al respecto a la Ciudad de Nueva York, es la única manera a través de la cual los bonistas que aceptaron el canje, rehenes de la medida cautelar de Griesa a favor de los holdouts que no aceptaron el mismo (recordemos, la minoría del 7% que no acepto la restructuración) de embargar el pago estipulado dirigido a los primeros, puedan recibir el dinero pactado.
No se trata solo de una medida que muchos pueden considerar “desesperada” por salir del default impuesto por un juez de un país extranjero que ni siquiera es de nivel nacional, sino municipal, también puede leerse como un precedente orientado al intento de un cambio en la correlación de fuerzas, nacida al calor de las reformas neoliberales que comenzaron a implementarse desde hace cuatro décadas. Es una maniobra arriesgada en la que el éxito no está garantizado. Puede salir mal. Pero que pone bajo la lupa el actual escenario de relaciones de poder entre las naciones (en especial, las emergentes y subdesarrolladas) frente a las naciones con más poder y las finanzas internacionales que operan desde centros del poder económico ubicados en estas últimas.
Se trata de una iniciativa que arroja luz a una dinámica que viene gestándose desde los albores de este siglo. Donde vemos que el patrón de acumulación económica que viene rigiendo desde los setentas experimenta una transformación como consecuencia del desarrollo histórico de fuerzas productivas, dando lugar a la emergencia de naciones (como Brasil, Rusia, China, Sudafrica, etc.) capaces de acumular excedentes de producción significativos y a la posibilidad de reformar, entonces, al sistema financiero para volverlo acorde a esas modificaciones, incluyendo nuevos centros de poder. (11)
La salida del Gobierno argentino al capítulo difícil que atraviesa en relación con los holdouts que no aceptaron la restructuración propuesta por las autoridades de ese país, y que no quieren que salga adelante porque significaría una derrota para su forma de operar e imponer condiciones a Estados soberanos en contextos similares, representa un aporte al proceso. El cual se encuentra en vías de transición, en estado embrionario. Pero que determinara de manera inexorable el porvenir de la economía, la política y la sociedad global durante las próximas décadas.
Fuentes consultadas
(1) http://www.lanacion.com.ar/544842-fuerte-rechazo-local-a-la-quita-del-75
(2) y (3) http://archivo.lavoz.com.ar/09/01/29/secciones/economia/nota.asp?nota_id=485266
(4) http://elpais.com/diario/2010/06/25/economia/1277416803_850215.html
(5) http://www.cronista.com/contenidos/2013/02/08/noticia_0014.html
(6) http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400839173_922748.html
(7) http://www.lanacion.com.ar/1521438-el-fallo-en-eeuu-tambien-favorece-a-bonistas-locales
(9) http://archive.today/20120629124213/home.comcast.net/~lemavia/queesunhedgefund.htm
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