Un expresidente con orden de detención pretende ser investido.

Carles Puigdemont ha huido de la justicia española y junto con los cuatro exconsejeros está imputado por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.

El Gobierno y las fuerzas políticas constitucionalistas ya han expresado que con otro candidato  que no sea Puigdemont sería perfectamente posible la investidura. Es lo razonable y lo lógico. Desde una perspectiva jurídica sería también lo racional. No habría ningún tipo de problema. En cualquier estado democrático de Europa esto sería lo apropiado.

Se puede discutir, si la presentación de un recurso preventivo de suspensión de la propuesta de candidatura de Puigdemont es la estrategia jurídica más acertada o no. Porque se podría esperar al martes y ver lo que sucede en el debate del Parlament.

En todo caso, que el presidente del Parlament catalán señor Roger Torrent diga que el Gobierno atenta contra los electores y contra la democracia parlamentario es una falacia. No argumenta coherentemente.  Realmente, el fraude de ley de Puigdemont es lo que motiva la aplicación del artículo 155. Por tanto, el independentismo catalán ha perdido toda legitimidad criticando irracionalmente a la democracia española.

Si bien es verdad que los procedimientos que recurren al Tribunal Constitucional son objeto de interpretación, en lo relativo a su oportunidad.

Que el señor Torrent diga que “tratan de ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas” es confundir los planos de análisis político.

Lo que no tiene sentido es que se quiera imponer a la fuerza un candidato a la presidencia del Ejecutivo catalán que debe ser detenido si pisa territorio español. No hay que saltarse las premisas en ningún razonamiento para llegar por pasos deductivos a la conclusión.

No creo que el juez autorice que, ejecutando la orden de detención respecto a Puigdemont, le sea permitido acudir al pleno de investidura. Esto le dice el letrado del Parlament catalán  Antoni Bayona, pero no me parece que vaya a suceder. A mi juicio, sería contradictorio, si se consideran los presuntos delitos que se le imputan a Carles Puigdemont y otras razones de orden procedimental y  procesal.

La igualdad ante la ley quedaría en entredicho, si se tolera que Puigdemont se salte el orden legal, llegue a territorio español y no sea detenido. Es verdad que se están extremando las medidas policiales para evitar que entre de incógnito en España y en  el Parlament catalán.

El proceso soberanista, a pesar de la aplicación del 155, sigue alterando el normal funcionamiento de la democracia en Cataluña. Estamos  viviendo unos días en los que se van a tomar decisiones importantes. La admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional supone la suspensión cautelar automática de la investidura en el Parlament, aunque no creo que sea ejecutada y obedecida. Independientemente, de que sea una admisión unánime. Parece que no a va serlo. También es cierto que otra opción posible y plausible es esperar a que se consume la investidura y anularla. Parece la más ajustada a derecho.

La CUP ya dice que no participará en ningún pleno hecho a la medida del Tribunal Constitucional. Que algunos políticos independentistas estén criticando duramente las medidas de vigilancia policial para evitar que Puigdemont eluda la acción de la justicia, si pisa suelo español, raya lo indignante. Se busca la impunidad de forma abierta.

Con este tipo de planteamientos todos los que cometen presuntamente delitos no serían detenidos. Es verdad que no se está hablando de delitos de sangre, pero son conductas tipificadas como graves o muy graves por el ordenamiento legal vigente. Y no han prescrito, ya que son recientes.

Se está dando la imagen, por parte del soberanismo independentista, de que vale todo. Los políticos catalanes que impulsan la independencia se han instalado en el relativismo más absoluto y no atienden a razones, ni argumentan siguiendo un proceso lógico en muchos casos y situaciones. Ser presidente de Cataluña por plasma es algo que no está permitido en ningún país democrático.