Una licencia de Uber o Cabify por cada treinta taxistas es lo que dice la norma. Y no se está cumpliendo.Lo que supone competencia ilegal y desleal para los 70.000 taxistas y 100.000 familias que viven del taxi.

Lo que no se debería es opinar alegremente y decir que si las tarifas de Uber o Cabify son un 50 por ciento más baratas que los taxistas bajen las suyas al mismo nivel.

Es lógico lo que dicen los taxistas de Madrid: «Paralizaremos Madrid hasta que se cumpla la ley». Y si dependen de los ayuntamientos que se tomen las medidas oportunas. Si corresponde tomarlas a las Comunidades Autónomas o al Gobierno central pues lo mismo.

Hay ahora circulando en Madrid un vehículo de alquiler con conductor por cada cuatro taxis y según la legalidad vigente la proporción tiene que ser de uno por cada treinta. Sobran los comentarios y las argumentaciones para entender la realidad que están sufriendo injustamente los taxistas.

Porque los taxistas en España pagan sus impuestos religiosamente, mientras que estas empresas de fuera no pagan nada  y les dan las licencias igual y todas sus ganancias se van fuera de nuestro país. Los taxistas solo defienden sus derechos.

Y habría que darse cuenta, antes de opinar a la ligera, de la gran cantidad de horas de trabajo que tienen que dedicar a su trabajo los taxistas como autónomos para llegar a fin de mes con lo que ganan. De hecho, los representantes de los taxistas están dispuestos a que existan distintos tipos de tarifas, ya que son un servicio público para los ciudadanos. No cabe duda de que la huelga indefinida en Madrid, Barcelona y otras ciudades perjudica  claramente a los ciudadanos, especialmente, a los que viajan y desean trasladarse desde los aeropuertos a sus destinos. Y lo que es el colmo es que sea por el incumplimiento de la legalidad existente  en nuestro país.

Se podría pensar,al  menos especulativa e hipotéticamente, en  exigir daños y perjuicios desde una actitud profundamente respetuosa del ordenamiento legal español. Ya que somos consumidores de un servicio público esencial y se ven afectados negativamente nuestros derechos. Debería haber servicios mínimos suficientes para atender correctamente a los ciudadanos que no tienen la culpa de este conflicto. Y que son los que sufren las consecuencias del mismo de modo absolutamente injusto.

Lo que no puede ser es que tengan más derechos los que llegan de fuera que los propios españoles. Igualdad para todos. Es necesario que se regule mejor y coherentemente el servicio que ofrecen los taxistas y que partan de una igualdad de condiciones de cara al desarrollo de su actividad laboral.

Si en Uber o Cabify los conductores ganan mil euros al mes o menos no parece que el resto de taxistas tengan que conformarse con este dinero para mantener a una familia para que las tarifas sean muy bajas.

Esperemos que en la reunión con Fomento  de los taxistas se vuelva  a la normalidad cuanto antes.  Estoy convencido de que se logrará si se hace cumplir la ley con más controles  a  las empresas que alquilan vehículos de alquiler con conductor.

Respecto a la violencia que ha aparecido en la huelga y que ha sido transmitida por las cadenas de televisión son hechos aislados ya que la inmensa mayoría de los taxistas son pacíficos.

Respecto a los migrantes existe una regulación legal al respecto. Lo que no me parece bien es que se les proteja por parte del Estado más que a los propios ciudadanos españoles que lo necesiten. Me refiero al derecho a la vivienda, al salario social, ayudas económicas de todo tipo, etcétera. Numerosos ciudadanos en nuestro país se dan cuenta de esto o lo ven en los medios de comunicación  a través de las noticias. Y esto crea un cierto malestar social fácil de comprender. Debemos ser un poco más coherentes y justos, primero con los nuestros y después con el resto, porque parece que somos más papistas que el Papa.

Nadie dice que no haya que atender adecuadamente a los migrantes que llegan a nuestras costas, pero  es preciso también estar al tanto de las personas que nacidas en España necesitan el apoyo económico del Estado, porque están padeciendo situaciones de desempleo prolongado, precariedad laboral, pobreza, etcétera.