¿A qué juega el independentismo catalán? No se trata de saber a qué  juegan el Gobierno español y varios partidos políticos españoles. El Estado no juega a nada.

El Estado español está legitimado democráticamente por las Naciones Unidas y por otras instituciones internacionales. No existe la pena de muerte y se observan los derechos procesales y los derechos humanos, etcétera.

Y no sirve decir, porque no se sostiene argumentativamente que “ninguna constitución soporta constituirse cuando las partes no quieren constituirse juntas. Simple pero claro. A partir de aquí, nadie entiende a qué juega el gobierno español”. Esto escribe una persona en un comentario a una noticia sobre el pulso independentista catalán. Y con todo el respeto que se merece este planteamiento cabe decir que no es lógico ni racional lo que expresa desde un análisis jurídico mínimamente coherente. En cualquier Estado de Derecho que realmente lo sea no se puede estar cambiando la constitución cada día, en función de los intereses. Porque, en su momento, hace más de treinta años se aprobó el texto constitucional vigente en la actualidad. Es como, si un partido político gallego  con ansias de independencia dice que quiere el referéndum ya para establecer una república gallega independiente.

El ordenamiento legal existente posee una legitimidad incuestionable y no se lo pueden saltar, a cada momento y a capricho, las  fuerzas políticas que pretenden la independencia.

En los países del entorno: Francia, Alemania, Italia, Portugal, etcétera, ni siquiera se plantean un escenario político parecido al que ha organizado el secesionismo catalán. Habría que cambiar la constitución española con un procedimiento reglado y establecido legalmente para dar cabida a la fórmula de un referéndum bien regulado previamente. Algo que sería, a mi juicio, un error muy grave y un despropósito, si se piensa en el mundo actual y en las consecuencias económicas catastróficas que se derivarían de la existencia de un estado catalán.

Considero que la amenaza del Govern de aprobar las leyes de ruptura por decreto tendría que suponer la reacción inmediata del Gobierno tomando medidas contundentes como la aplicación inmediata del artículo 155 o el estado de excepción. No se puede consentir que se salte la ley constantemente y permanecer impasibles ante ello.  Ya lo están diciendo diversos articulistas, politólogos y juristas de prestigio.  Se pueden consultar los tratados de Derecho y nos cargaremos de argumentos y  razones jurídicas irrefutables.

Por otra parte, Ciudadanos, PSC y PP piden un informe jurídico del Parlament sobre las leyes secesionistas. Me parece irrisorio e ingenuo, con todo el respeto a los partidos citados por su voluntad de solucionar el embrollo independentista. Es como pedir a alguien que ha cometido un delito que se justifique y escuchar sus excusas. Se trata de actuar con las leyes en la mano, lo demás sobra.

Los  líderes de los partidos independentistas catalanes ya han dicho que, si no hay referéndum, habrá independencia de inmediato. Esto no puede ser tolerado por ningún ejecutivo y deberían tomarse medidas inmediatas. Se está desarrollando y escenificando un golpe de Estado en toda regla  y no se hace prácticamente nada.

Los independentistas dan por hecho que al declararse como país la República catalana estará en la Unión Europea. Es mucho decir, ya que todas las altas autoridades europeas han dicho que no es posible, puesto que incumple la legalidad vigente en la Unión.

Además, la Generalitat pretende asumir todo los bienes del Estado en Cataluña y disponer de todos los funcionarios y de los impuestos, entre otras cosas.  Se puede hablar lo que se quiera, pero al final lo hecho es lo que vale en política. El independentismo puede prometer lo que desee, faltaría más, pero va a ser como escribir en el agua. El Gobierno debería reaccionar ya. No conviene esperar más. Después no van a servir de nada las lamentaciones ante hechos consumados.