La aplicación de la autoridad del Estado parece que no se ha conseguido. Aunque el Gobierno diga que la consulta ilegal ha sido un paripé e insista en que no tiene validez, ya que es ilegal, el hecho es que la han realizado. El Gobierno ya está superado por los acontecimientos. Va reaccionando a medida que se producen los actos de desobediencia que son numerosos y muy graves. Se tenía que haber aplicado el artículo 155 hace meses o años y el Ejecutivo no se ha atrevido.

A mi juicio, Rajoy se ha equivocado en la gestión del asunto catalán. Aunque piense que no ha  existido la consulta independentista.  La comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso será para dialogar y exponer sus planteamientos a las otras fuerzas políticas. Si bien creo que es la demostración de que  queda por recorrer un camino muy difícil por causa del desafío independentista.

Las consecuencias las estamos viendo ahora con la celebración de un simulacro de referéndum, con la desobediencia o pasividad de los Mossos respecto a las órdenes judiciales y la dirección política del Estado español. La Generalitat catalana hace y deshace a su antojo y está pasando olímpicamente de la Constitución, de la justicia, del Ejecutivo y del derecho español e internacional.

Las cargas policiales son la consecuencia o el resultado de las decisiones ilegales de Puigdemont, Junqueras y otros políticos independentistas. Los cuerpos policiales pueden usar la fuerza de modo proporcional. Lo que no puede ser es que dejen de cumplir las órdenes o que se dejen avasallar o golpear por los independentistas que no atienden a razones.

Como decía Norberto Bobbio un filósofo político italiano: el poder es “una relación entre dos sujetos, de los cuales uno le impone al otro su voluntad y le determina a su pesar el comportamiento”. El sujeto político que es el Estado posee legitimidad democrática para ejercer su autoridad y poder para que se cumplan las leyes y las sentencias judiciales.

Evidentemente, considerando el poder del Estado democrático se deduce claramente que posee facultades para mandar y atribuciones para hacerse obedecer. Max Weber afirmaba que “poder significa la posibilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia”.

Como dijo John F. Kennedy en uno de sus discursos a los estadounidenses: “en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia”. Absolutamente cierto e indiscutible.

La repercusión internacional del referéndum ilegal catalán es muy notable. En la Unión Europea no se reconocen los resultados de la consulta, puesto que es ilegal. También es entendible que las autoridades europeas quieran un diálogo constructivo para solucionar el conflicto catalán. El uso de la fuerza o de la coerción es algo legítimo para cualquier estado democrático y esto que ha pasado en España puede suceder en otros países, con un independentismo que no respeta el imperio de la ley y de la justicia de un Estado democrático.

Por otra parte, es preciso reconocer que tiene razón Albert Rivera al indicar que Puigdemont ha fracturado  y dividido la sociedad civil catalana en dos partes.

En lo relativo al referéndum pactado que propone Miquel Iceta es teóricamente una posible solución al problema catalán, pero es, a mi juicio, muy difícil de materializar, ya que habría que reformar o cambiar aspectos fundamentales de la Constitución que requieren un consenso muy amplio de los partidos políticos y esto es poco probable que se pueda lograr sin numerosas complicaciones.

Pedro Sánchez es decidido partidario de un diálogo sin cortapisas que conduzca a soluciones, pero un federalismo plurinacional no creo que sea aceptado por los partidos independentistas, ya que han llegado demasiado lejos y están a punto de lograr la república catalana, según dicen. Se verá lo que ocurre los próximos días. Esta semana puede ser clave.