La corrupción de los ERE ha pasado factura a Susana Díaz. El bajo nivel de participación  puede ser debido a la desconfianza y al hastío respecto a la política.

Una considerable parte de los andaluces se han cansado del elevado nivel de desempleo y lo que ello implica en relación con una pérdida de poder adquisitivo de numerosos  ciudadanos y familias.

Además, las desigualdades y las injusticias que han llegado  a través de prácticas corruptas es otro asunto que ha estado presente y ha influido en las mentes de muchos votantes.

Susana Díaz explota el miedo a Vox para permanecer en el poder. Apela a los partidos constitucionalistas  para mantenerse al frente del Gobierno andaluz.  Aunque es preciso respetar el voto mayoritario de los ciudadanos andaluces a las formaciones de centroderecha.

Vox puede pensarse que es un partido ultraconservador o muy conservador, pero no es ilegal. En cualquier caso debe cumplir con las condiciones exigidas en un Estado de Derecho como el español, al igual que  las restantes formaciones políticas.  Susana Díaz apela al miedo y no tiene razón, porque parte de suposiciones o hipótesis y no de realidades comprobables. Existen mecanismos judiciales para parar cualquier deriva totalitaria en la democracia española.

Lo que está claro es que es preciso dar un  margen de confianza a las fuerzas políticas del centro y de la derecha para que puedan llegar a  acuerdos o pactos de gobierno. Según la mayor parte  de los analistas políticos  va a haber un cambio político en Andalucía de modo inevitable. Puede que gobierne el PP con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Adelante Andalucía también perdió votantes.

No me parece una alternativa descabellada, ya que es el resultado de los 59 escaños  que suponen la mayoría  absoluta en el Parlamento andaluz. El descontento o el hartazgo de  una parte considerable de la ciudadanía andaluza ha hecho que un cierto número de votos que iban al PSOE o a al partido de Rivera o a al PP  hayan dado 12 escaños a Vox.

No está de más poner de manifiesto que la Ley Orgánica de Partidos  dice que: «la organización, funcionamiento y actividad de los partidos políticos  deben ser democráticas  y ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y las leyes». El respeto al pluralismo político es un principio  aplicable a todas las formaciones políticas que son legales y mientras lo sean.

Lo que está claro es que se ha entrado en una nueva etapa política que va a influir probablemente en los resultados de las elecciones generales que se celebren dentro de unos meses. Vox puede ser la llave de gobernabilidad también en las elecciones generales, ya lo es en las andaluzas. El voto es libre y esto no puede ser objeto de discusión.

Una parte de los ciudadanos quieren probar con partidos nuevos a ver lo que ocurre. Es entendible y están en su derecho, sí así lo piensan. La libertad de pensamiento y  expresión es un fundamento incuestionable de la vida política. Se puede no estar de acuerdo con los programas políticos de ciertos partidos o con una parte de los mismos, pero esto no supone que no puedan defender democráticamente sus planteamientos.

Un cierto porcentaje del electorado está desencantado de las fuerzas políticas de la izquierda y la derecha y apuesta por Vox, ya que es un partido nuevo. La gente está harta de esperar soluciones al desempleo,  la precariedad laboral, los bajos salarios, etcétera. Y cambia su sentido de voto, si considera que los partidos constitucionalistas de siempre no ofrecen garantías de revertir la situación económica existente.

En el fondo, de lo que se trata es de ofrecer soluciones para la mejora de la Sanidad, Educación, el ámbito laboral,  las pensiones y la vivienda. Se trata de consensuar medidas efectivas que den resultado inmediato, independientemente de la formación política que las proponga.  Precisamente en el debate político parlamentario se pueden poner en marcha políticas que impulsen el relanzamiento económico tanto de los andaluces como del resto de españoles. De eso se trata.

Es un proceso muy laborioso el logro de acuerdos y la aprobación de medidas y leyes que hagan realmente efectivo el Estado del Bienestar para toda la ciudadanía, pero es lo adecuado. El cambio de leyes o su sustitución por otras es algo que requiere votaciones con mayoría y esto precisa de un consenso muy amplio.