El filósofo David Gauthier en su libro Egoísmo, moralidad y sociedad liberal  desarrolla numerosos comentarios sobre el neocontractualismo liberal contemporáneo. También se ocupa de los problemas de la racionalidad económica desde una perspectiva moral. No es sencillo desde planteamientos sociales y económicos conciliar la moralidad con la racionalidad, pero es posible. En una parte de la obra analiza las ideas de Rawls acerca de la justicia social  con una minuciosidad asombrosa. El autor de la Teoría de la Justicia  afirma que «a menos que una distribución  desigual de uno o de todos  estos bienes redunde en beneficio  de los menos aventajados» no existe auténtica justicia. Considerando el egoísmo humano parece que desde el velo de la ignorancia sobre lo que le deparará el futuro a cada individuo el planteamiento rawlsiano podría ser rechazado, pero sería un claro error. En este orden de cosas, es evidente que el interés de todos debe prevalecer sobre el egoísmo individual más absoluto. Porque la moralidad se sustenta en razones: poner por encima el interés de todas las personas  sobre el autointerés que perjudique  a los demás. Esto también lo afirma  Kurt Baier.

David Gauthier expone las razones que aconsejan la cooperación condicional y se fundamentan en el desarrollo del mayor progreso individual evitando la lucha de todos contra todos y buscando un equilibro social, que favorece al conjunto de la sociedad y a cada sujeto.

A mi juicio, Gauthier confía demasiado en las capacidades de las personas y debería tener más en cuenta las disposiciones y actitudes de las personas, en la sociedad consumista y materialista en la que vivimos. Lo de no aprovechar las oportunidades que se dan en una sociedad contractualista tecnológicamente avanzada  es algo que sucede con bastante frecuencia y las causas pueden ser múltiples, ya que intervienen muchos factores diversos. No es suficiente con no negar las oportunidades de ascenso social o de progreso material, ya que esto por sí mismo es claramente insuficiente y lo era hace unos veinte años y ahora lo es más todavía. La necesidad de un estado social y del bienestar es algo recogido en los textos constitucionales más avanzados y es perfectamente entendible.

Desde mi planteamiento las tesis sobre la justicia de Rawls no pierden vigencia, al contrario, cada vez ganan más fuerza  con el paso de las décadas. Si pensamos en la situación actual dominada por los estragos que está causando en la economía y en la sociedad la  pandemia del coronavirus la idea de justicia social, equidad e igualdad es algo irrenunciable. De no ser así, la sociedad se puede instalar en el sálvese quien pueda y nada más. Algo que, a mi juicio, en parte, ya está pasando en algunos países.

Ética y economía deben ir unidas en sus rasgos esenciales.  Si queremos una sociedad posmoderna mínimamente justa y que sea  solidaria los planteamientos de Rawls tienen que aplicarse en la realidad económica y social de un modo claro y efectivo. Por ejemplo, las pensiones son una prestación indispensable y que ayuda a compensar las desigualdades existentes y es un efecto que conocen los economistas.  Por supuesto, los derechos individuales y sociales son la base o la estructura que sostiene todo Estado de Derecho y social como es España.

Es preciso poner límites al egoísmo en el campo de la economía especialmente. La solidaridad intergeneracional también es otro aspecto esencial que no debe ser descuidado. En este sentido, es evidente que la paz social y el equilibrio de cualquier sociedad se logran cuando reina un cierto orden potenciado por los principios éticos y por la moral aplicada a las costumbres sociales y al ámbito laboral.

Regular la economía de cada Estado estoy convencido de que es imprescindible para evitar catástrofes económicas que aumentan la desigualdad existente.  La redistribución y las ayudas económicas como, por ejemplo, la renta básica,  para los que realmente la necesiten, es un procedimiento muy efectivo para acabar, de una vez por todas, con la pobreza de millones de personas que tienen todo el derecho a una vida digna con unos recursos económicos suficientes. Esto requiere un esfuerzo de una parte de la sociedad, pero los beneficiados somos todos, sin excepción.

La reducción de la desigualdad económica es justa en sí misma, porque de lo que se trata es de evitar que la gente llegue a la pobreza por el sistema económico imperante. Las diferencias de renta existirán siempre, pero se trata de garantizar el bienestar de todos.