La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado que el Ejecutivo español astá preparado para la aprobación un Real Decreto por el que se regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios.

Desde la organización han señalado que “nos encontramos ante una decisión que tan sólo tiene por objeto beneficiar a la poderosa industria alimentaria ya que el fin de este decreto es el de establecer el mayor número de obstáculos para “la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España” tal y cómo se informa desde la página web de la OCU.

Se señala que la verdadera responsable de esta iniciativa es la propia industria alimentaria que desea evitar que se conozcan nuevos escándalos como los que ha hecho públicos la OCU por lo que “ha presionado hasta conseguir un decreto que busca limitar la realización de estudios independientes y objetivos sobre la calidad de los alimentos en España” destacando que se trata de una norma que perjudica a los consumidores y ante la que no sólo la OCU ha mostrado su rechazo sino también el Consejo de Consumidores y Usuarios.

A juicio de la OCU, este decreto vulnera “el derecho a comunicar o recibir información veraz. Es una norma que establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas últimas a cumplir una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado”.

En ningún país de Europa se encuentra una norma como la que pretende aprobar el Gobierno español según la OCU por lo que, en caso de que salga adelante, España se pondría a la vanguardia de los países que coartan la libertad de expresión.

La organización deja patente que los consumidores europeos acogen este tipo de información ya que les resulta muy útil a la hora de valorar y decidir sus compras. Las principales organizaciones europeas representadas a través de BEUC así como las mundiales a través de Consumers International, han expuesto que esta ley vulnera no sólo los tratados de la Unión Europea sino los principios de Naciones Unidas, por lo que se debe retirar.