Que ya se hayan iniciado los trámites, para que unas ponencias parlamentarias, elaboren unas nuevas leyes ilegales es algo ya anunciado por el gobierno catalán. Es la clara manifestación del avance del proceso independentista catalán. Las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social catalanas planteadas por la declaración independentista del  pasado 9 de noviembre que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional son, a mi juicio,  una muestra más del desafío de la Generalitat a la soberanía nacional, al poder legislativo y judicial,  y al gobierno español. Y aunque serán impugnadas evidencian que la futura república catalana parece ir cobrando, paulatinamente, forma.

No es extraño que Ciudadanos considere que, los dos grupos independentistas del Parlamento catalán, se estén aprovechando del proceso de negociación abierto para la posible investidura del presidente de Gobierno.

Y, aunque Junts pel Sí y la CUP  cambien la denominación de estas tres leyes, en el fondo, la pretensión está clara. En vez de Transitoriedad Jurídica es renombrada como ley de Régimen Jurídico y la de Hacienda se llama ahora norma o ley de la Administración Tributaria. En lo referente a la ley de Seguridad Social catalana se llamará de Protección Social.

Además, se están produciendo declaraciones de dirigentes y políticos independentistas catalanes que tratan de abrir cauces de negociación con el gobierno central de Madrid. Algo que no sirve de nada, porque las leyes y el vigente ordenamiento constitucional establecen un marco autonómico muy claro, y que no está sometido a condiciones políticas.

Porque la capacidad legislativa del Parlament catalán no es ilimitada. Los independentistas elaboran argumentaciones falaces. Que un diputado del Parlamento autonómico catalán diga que: «el proceso de desconexión  no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional», es una muestra más del clima político existente, y, en mi opinión, de la falta de respeto y obediencia a las instituciones españolas.

Así las cosas, no parece que haya que esperar mucho más, para que el gobierno en funciones aplique el artículo 155 de la Constitución, y  parar, de una vez por todas, esta constante negación de la soberanía del estado español y de la unidad territorial.

Si, con un cierto tipo de federalismo, Cataluña siguiera formando parte, como una nacionalidad más, de una España plurinacional no habría problemas. Pero esta vía es rechazada, hasta el momento, por el independentismo catalán.

Si se consultara, a toda la población española, la hipotética separación de Cataluña del resto del territorio nacional sería rechazada por la mayor parte de la ciudadanía. Porque, en el territorio catalán, más de la mitad de la población se siente, simultáneamente, española y catalana.