Es una medida, a mi juicio, injusta y discriminatoria sin ninguna duda. Porque poner un tributo a las bebidas azucaradas para desincentivar su consumo es desproporcionado y causa desigualdades indeseables.

Existe otro método que considero racional y justo y es poner en vigor normas que obliguen a los fabricantes de este tipo de bebidas a que las elaboren con menos azúcar. Y esto mismo es aplicable a la bollería industrial que debería tener mucha menos grasa de forma obligatoria.

De esta manera, se promovería el consumo responsable de productos más saludables que no puedan causar obesidad y otras enfermedades. Esta medida que ha sido puesta en vigor desde hoy 2 de mayo de 2017 en Cataluña  penaliza, en mi opinión, de modo injusto a los que poseen menos poder adquisitivo frente a los que viven con una economía más o menos holgada.

Sucederá que los que viven con muy poco dinero consumirán menos refrescos azucarados y los que disponen de más ingresos seguirán consumiendo lo mismo, aunque pagando más por este tipo de bebidas.

Aunque la Unión Europea insista en la importancia de propiciar e impulsar hábitos de comida más sanos creo que el procedimiento para lograrlo debe pasar por un control sanitario riguroso y exigente de los productos. Según los expertos el promedio de consumo diario de azúcar por español es de los más elevados de Europa, pero esto puede solucionarse también con campañas de información y, sobre todo, con una bajada muy considerable del nivel o concentración de azúcar o grasa en la bollería, las golosinas y las bebidas refrescantes.

Con sanciones muy duras para los fabricantes que no cumplieran estas normas sobre el bajo nivel de azúcar de sus productos se lograría mejorar la situación actual.Y, si se produjera deslocalización en un primer momento, en realidad, rápidamente las empresas reaccionarían adaptándose a la normativa para no perder millones de consumidores.

No me extraña nada que el Gobierno español no haya implantado este impuesto o tributo. Hasta los representantes políticos de Ciudadanos han venido a reconocer que ya existen muchos impuestos y es negativo y contraproducente poner otro más.

La prohibición de la venta de productos que contengan excesivo azúcar y grasa es otra medida que me parece coherente, racional, prudente, justa y de sentido común.

En México se aplicó un impuesto similar de golpe en 2014 y causó efectos negativos, puesto que los fabricantes repercutieron la subida de precios sobre todos sus productos  y aumentó el consumo de bebidas azucaradas en vez de reducirse. Las empresas que fabrican esta clase de bebidas se quejan de la subida de precios, porque creen que bajarán las ventas en Cataluña.

El sedentarismo también contribuye al incremento de los casos de obesidad, diabetes y otros padecimientos asociados también a una mala alimentación con exceso de azúcares y grasas.

Me parece que los ciudadanos no son niños a los que haya que intentar convencer a base de tributos o impuestos para que cuiden más su salud. Se les debe ofrecer información abundante y argumentos para que, si lo desean, de forma libre opten por una vida más saludable.  La libertad es un valor ético de primer orden y no puede ser supeditado a los intereses económicos de la Generalitat de Cataluña, por muy legítimos que puedan parecer. Existen otros métodos para lograr  que los  habitantes de una nación desarrollen unos hábitos de alimentación saludables. Es verdad que existen países en el mundo que están aplicando este tipo de tributos, pero también hay otros estados que no los consideran justos ni apropiados, ya que incrementan el coste de la vida. Y ya tenemos muchos impuestos. No hace falta añadir más.

Con casi trece millones de españoles en riesgo de pobreza por sus bajos ingresos no hace falta insistir en que este impuesto en Cataluña sobre la bebidas refrescantes es claramente injusto, inequitativo e insolidario. Y vuelvo a decir que la extensión de este tributo a  la bollería industrial me parecería discriminatorio por las razones ya expuestas.