El Parlament catalán ha sido el escenario de la desobediencia a las leyes vigentes.

Aunque el Gobierno va a recurrir la aprobación de la ley del referéndum y otras cuestiones no creo que sea suficiente. Y lo digo, porque los independentistas no parecen detenerse ante nada. La Diada de este próximo lunes día 11 de septiembre es otro reto para los partidos constitucionalistas y una fecha de exaltación de la nación catalana independiente.

Aunque Rajoy y Pedro Sánchez  están de acuerdo en la proporcionalidad y la firmeza ante el desafío independentista no se ven resultados que avalen el optimismo, sino más bien todo lo contrario. Porque los dirigentes de los partidos que apoyan la consulta siguen firmes en sus propósitos a pesar de las advertencias de las autoridades y de los tribunales. Y no parece que hagan mucho caso de las sentencias.

Además, por si fuera poco,  lo referido a  la decisión judicial que ordena que paguen de su bolsillo los aproximadamente cinco millones de euros que costó el anterior referéndum o que sean embargados determinados altos dirigentes catalanes por una consulta popular que tampoco se iba a celebrar y se celebró está, a mi juicio, muy bien, pero ya han dicho que van a realizar una colecta para reunir la citada cantidad. Todo esto suena a burla  a la democracia y al Estado de Derecho. Y digo más, lo es realmente y  no hace falta ser jurista para afirmarlo.

El Gobierno ha dicho que va a reunirse en Consejo de Ministros extraordinario. Ahora bien, o toma medidas inmediatas y muy contundentes o me temo que el tema de la independencia de Cataluña se le está yendo de las manos poco a poco. Espero que no sea así.

La fuerza, de momento, la está demostrando la Generalitat y el Parlament con la energía de los políticos independentistas que hacen y deshacen a su antojo. Y, si siguen así, está claro lo que puede ocurrir. En política, a veces, sobran las palabras y hacen falta hechos.

Si se espera más la unidad de España puede romperse para siempre. Puede que estemos viviendo un momento histórico por su trascendencia y significación para todos los españoles. España se juega mucho en todos los sentidos. Se puede dar un margen de confianza al ejecutivo  para que solucione el tremendo enredo secesionista.

Si tienen que intervenir la Policía Nacional y la Guardia Civil no pasaría nada, ya que sería para hacer cumplir las leyes, las sentencias y los principios constitucionales y legales del Estado español. Y el fin justifica el uso de estos medios.

Los Mossos tienen la obligación de cumplir y respetar el ordenamiento jurídico vigente de España y si no lo hicieran se supone que deberían hacerlo las otras fuerzas de seguridad españolas existentes. Parece un escenario apocalíptico, pero es posible, por desgracia, que se produzca.

Si el independentismo no obedece las sentencias y se salta las leyes es evidente que debe aplicarse la fuerza coercitiva para que esto no siga sucediendo de modo continuo e imparable. En cualquier estado democrático se aplica la coerción, si no existe otra solución ante el incumplimiento de la ley y al cometerse delitos. La sedición es delito y está recogida en el Código Penal. Es necesario actuar ya.