El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, exigido por vigésimo octavo año consecutivo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y aprobado de forma abrumadora por 187 votos a favor, 3 en contra (EE.UU., Israel y Brasil) y 2 abstenciones, reafirma la libertad de comercio y navegación ante un bloqueo anacrónico instaurado por Kennedy en 1.962 y que habría supuesto para la Isla unas pérdidas directas e indirectas estimadas en 110.000 millones $ según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cerca del Billón $ según el Gobierno cubano. Además, la renovación automática por parte de EEUU por un año más del embargo comercial a la isla atentarían contra el vigente sistema financiero y político internacional y podrían suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de 70.000 millones de $, abocando al régimen cubano a la asfixia económica, siendo “perentorio” el finiquito de un bloqueo que corre el riesgo de convertirse en endémico y que puede tornarse letal tras la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Donald Trump adoptó como leit motiv de su Presidencia eliminar todo vestigio del legado obamaniano. Así, tras el intento de finiquitar el Obamacare, el anuncio de revisión del Tratado NAFTA y la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, el siguiente paso fue deshacer los avances diplomáticos y comerciales alcanzados con Cuba bajo el mandato de Barack Obama. Así, los cambios propuestos por la administración Trump tenían como intención aumentar las regulaciones y la supervisión para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar acuerdos con Cuba así como para que los estadounidenses continúen viajando al país y serían fruto de la extenuante presión de los destacados representantes cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos.

Por su parte, Mike Pence, anunció la implementación de nuevas medidas contra dos compañías que transportan el crudo venezolano hasta Cuba así como contra los 34 buques que utiliza PDVSA para tal cometido con el objetivo confeso de provocar la “asfixia energética de Cuba” mediante la amputación del cordón umbilical que unen Venezuela y Cuba siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). En dicho libro, Kent afirma que “ la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: […] armas […] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean […] (son la) guerra política y la guerra económica.”

Siguiendo con la escalada represiva, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a la empresa estatal cubana Cubametales por “su continuada importación de crudo venezolano y apoyo al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”. Como consecuencia de esta medida, quedan congelados los activos que la empresa pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y quedan prohibidas transacciones financieras con entidades estadounidenses pues Cubametales sería según el Gobierno de EE.UU. “responsable de garantizar el total de las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba”.

El objetivo confeso era que la Isla se viera abocada a una asfixia de resultados imprevisibles tras el hundimiento del turismo provocado por la irrupción en la Isla de la pandemia del coronavirus y en el paroxismo de la insolidaridad, la Administración Trump bloqueó las compras y entregas de mascarillas, ventiladores pulmonares y demás insumos sanitarios básicos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 pues el objetivo último de la Administración Trump sería conseguir el desabastecimiento total de petróleo, alimentos e insumos sanitarios vitales para hacer tambalear el actual status quo de la Isla y como traca de despedida, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo”.

Sin embargo, Joe Biden en una entrevista concedida a la cadena CBS aseguró que “en el supuesto de ganar las elecciones retomaría la política llevada a cabo por Barack Obama hacia Cuba”, lo que se traducirá en un cambio radical en las relaciones cubano-estadounidenses que se plasmará en la suspensión del bloqueo energético a la Isla así como en el previsible cierre de la prisión de Guantánamo. Asimismo, la Administración Biden vista la división e inoperancia de la oposición, habría dado por amortizado a Juan Guaidó y perseguiría la formación de un Gobierno de Transición en Venezuela integrado por figuras de consenso tanto de la oposición como del chavismo que deberá preparar unas nuevas Elecciones Legislativas y Presidenciales para el 2022, tarea para lo que se antoja imprescindible la colaboración de Cuba.