Sólo quienes escapan ayudadas por la madre, los abuelos o incluso algún vecino, son quienes pueden cambiar su destino.

A ellas las persigue la pobreza y sistema patriarcal desde que nacen. A los 12 años se conviertan en moneda de cambio que les proporcione a sus familias un terreno, ganado o dinero en efectivo.

Ellas son niñas que de golpe y a veces con violencia familiar son obligadas a seguir la infame frase de “los usos y costumbres” que deben romperse con una intervención inminente que condene y castigue los matrimonios infantiles en nuestro país.

Miles de niñas principalmente de comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca principalmente son quienes representan la dureza de una estadística anulada frente a las endebles políticas de gobiernos que con mano blanda ignoran o minimizan los abusos en contra de estos infantes.

Muchas de estas niñas se convierten en madres antes de cumplir los 12 años. Situación que da pie a una cadena de abusos y maltratos no sólo de sus parejas, sino también de las familias que ven en ellas, la mejor forma de comercializar los parentescos para aminorar las carencias.

Actualmente, se estima que en al menos 420 municipios del país, se practican los llamados usos y costumbres de vender a niñas indígenas para matrimonios arreglados.

Ser niña en la sierra de Guerrero, Chiapas u Oaxaca implica ser condenadas por sus familias a minimizar los estudios y la preparación, para dar paso a la temprana maternidad.

La diputada federal por Oaxaca, Eufrosina Cruz desde su propia experiencia personal, narró cuando tuvo que huir de su casa para seguir con sus estudios y cambiar un destino como el asignado a su hermana.

Ella es una mujer zapoteca que rompió con paradigmas para transformarse en una mujer con liderazgo y con exitosa participación en la política.

Las niñas frente a esta violencia y abuso parental están levantando la voz para solicitar ayuda, denunciar y sobre todo, castigar a quienes siguen viendo la normalidad de estas prácticas que vulneran su integridad.

En estos tiempos, es indignante que se siga permitiendo en zonas indígenas del país, la venta de niñas frente a la ausencia de un Estado que no ha movido un dedo y que al parecer no tiene la intención de enfrentar este tipo de violencia que afecta a cientos de niñas mexicanas.