La demanda que interpuso la presidenta chilena Michelle Bachelet por injurias en contra de la revista que hace un año destapó el caso de corrupción que desplomó su popularidad agitó las aguas en los medios de comunicación de Chile.

En la acción legal, que la mandataria justificó en su derecho a defenderse “de mentiras e injurias”, se piden tres años de cárcel y una multa de casi 10.000 dólares para cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, que el año pasado destapó el escándalo por una eventual corrupción en la compra y venta de terrenos en el sur de Chile por parte de su hijo, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon.

Si en febrero de 2015 ni ella ni su familia emprendieron acciones legales contra la revista en el inicio del llamado caso Caval, la mandataria decidió ahora -a título personal- querellarse por injurias y calumnias en contra del medio, que en su última edición publicó parte de una conversación entre uno de los imputados en la investigación.

En el texto, anexado a la extensa investigación judicial en curso, quien ofició de nexo entre la empresa Caval y los dueños de los terrenos, Juan Díaz, advierte que si él habla “la viejita tiene que renunciar inmediatamente”, en alusión a una supuesta participación directa de Bachelet en la operación inmobiliaria.

Tras calificar la publicación de “infamia” y “canallada”, Bachelet presentó una denuncia en contra de Qué Pasa, la cual calificó la acción como un intento de “coartar la libertad de expresión”, desatando un fuerte debate sobre la oportunidad y los alcances de esta medida inédita en la política chilena.

Con una popularidad en un mínimo histórico de 24%, socavada por los coletazos del ’caso Caval’, y un ambicioso programa de reformas sociales que marcha con pie de plomo, Bachelet resolvió marcar un precedente y emprender una acción judicial que buscaría detener las especulaciones sobre su supuesta vinculación al caso.

Pero por lo pronto ha conseguido el efecto contrario, ya que el caso se mantiene al frente de la pauta informativa de los medios chilenos, en su mayoría opositores a su gobierno, al tiempo que despertó un fuerte debate en el ámbito periodístico.

Para el Colegio de Periodistas “no es el mejor camino”, ya que existen otras instancias éticas destinadas a denunciar supuestas infracciones al equilibrio informativo, mientras que la Asociación Nacional de Prensa advirtió sobre “un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación social respecto a una autoridad cuyas acciones deben ser fiscalizadas por las ciudadanía”.

Destacados periodistas criticaron también la decisión de la mandataria, cuyo gobierno ha insistido en que la acción legal se realizó a “título personal”, pese a que se presentó a ministros de Estado como testigos y en ella Bachelet fijó como su domicilio al palacio presidencial de La Moneda.

“Cuando supe de la querella dije ’¿Quién aconsejó a la Presidenta?’, porque creo que es un gran error”, dijo la periodista Mónica González, directora del Centro de Investigación e Informaciones (Ciper Chile) . Mirko Macari, director del diario on line El Mostradorafirmó también que fue un error de la presidenta.

“Si Bachelet considera que la prensa la cuestiona y la persigue, la respuesta es sí. Y si cree que es por razones políticas, la respuesta también es sí. Si cree que se va a parar con una querella, la respuesta es no”, afirmó el periodista.

En todo caso, la acción legal tiene pocas chances de prosperar, porque la legislación chilena exige para sancionar el delito de injurias que se pruebe el ánimo de denostar, cuestión que la revista Que Pasa niega.