Las recientes muertes de dos inmigrantes en territorio mexicano a manos de cuerpos policiacos y militares exhibe la ausencia de las garantías a los derechos humanos de cientos de inmigrantes que ingresan e intentan cruzar el territorio nacional.

La viralización de los casos de Victoria Salazar, salvadoreña que pereció luego de ser detenida por la policía de Tulum y de un ciudadano guatemalteco ultimado en Chiapas por elementos de Guardia Nacional, resalta la gravedad de una crisis que se agudiza y no disminuye en el tema de migrantes.

Varias organizaciones activistas resaltan los vacíos que hoy tiene México cuando se habla de respeto a los derechos humanos de quienes ingresan por la frontera sur.

La historia dolosamente sigue siendo la misma desde hace años.

Los inmigrantes centroamericanos que ingresan a territorio nacional lo hacen en una completa indefensión y se convierten en carne de cañón no sólo para los propios elementos de migración, quienes muchas veces son los primeros en extorsionarlos.

Las historias se cuentan por decenas, entre adultos, jóvenes, niños y mujeres que inician el largo y riesgoso desafío de cruzar el territorio mexicano con la finalidad de llegar hasta la frontera norte para cruzar hacia Estados Unidos.

Estas historias de vida hoy se escriben con mayor crudeza sobre todo cuando el racismo mexicano emerge y se siente en contra de quienes pululan por diferentes zonas del país.

Ahora no sólo es el riesgo de ser deportados o ser extorsionados por el crimen organizado. También está la latente amenaza para mujeres y niños quienes son los más vulnerables de quedarse a medio camino, perecer o sobrevivir siendo reclutados para redes de trata o tráfico de drogas.

México ha convertido su Comisión Nacional de Derecho Humanos en una oficialía de partes adjunta a Palacio Nacional, donde el burocratismo endosa la etiqueta de un gran elefante blanco.

La militarización de algunas zonas del país preocupa sobre todo cuando las muertes de centroamericanos exhiben la rudeza de México quien hasta el momento ha hecho poco para tener una política interna migratoria que no sólo contenga o deporte, sino que brinde un trato digno y de respeto a las garantías individuales de quienes son detenidos en retenes u oficinas de migración.

En menos de un mes la muerte de dos personas centroamericanas coloca el dedo en la llaga, sobre un tema que el gobierno mexicano prefiere seguir invisibilizando antes de reconocer los excesos del ejército y sus corporaciones policiacas.

Hoy no hay garantías para los inmigrantes que siguen ingresando a un México indolente, inseguro y represor.