Frente a los asesinatos de periodistas en México conviene centrar la atención en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.

Este mecanismo dispuso el año pasado una partida presupuestal de 416 millones de pesos para cumplir con sus funciones de protección hacia mil 478 personas que están acogidas en este sistema.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, si nos metemos a detalle a desglosar las cifras, concluimos que es una cifra elevada de personas que hoy demandan este sistema de protección por algún tipo de riesgos o amenazas.

El esquema del Gobierno de México parece operar con pinzas sobre todo cuando se escapan esas zonas o personas que realmente tendrían que estar recibiendo protección.

La polémica sobre este tema se ha intensificado con el reciente asesinato del periodista Armando Linares, cuya muerte es la octava en el gremio de la información en los primeros tres meses de este 2022.

Y es que hay un vacío grave para responder a la demanda de muchos profesionales del periodismo en diferentes regiones del país, quienes ejercen su profesión con el miedo y riesgo de convertirse en la siguiente víctima.

En redes sociales la discusión sobre la irresponsabilidad del gobierno en México para garantizar mayor seguridad a los periodistas, está al rojo vivo, cuando trascendió que en el padrón de beneficiarios de este esquema de protección se encuentran personajes cercanos al gobierno del Presidente AMLO tales como el comunicador Vicente Serrano, quien goza de “protección” cuando a todas luces funge como porrista presidencial en las mañaneras.

Es delicado que muchos periodistas en México quienes realmente demandan una inmediata protección, no cuenten con ella. Mientras que personajes que no hacen periodismo, sino un show de promoción gubernamental, tengan una escolta pagada por el gobierno con el pretexto de haber sido amenazados.

La violencia de alto riesgo contra el gremio periodístico se mantiene y provoca más reacciones del exterior que dentro de un país donde todos comentan y lamentan los asesinatos de comunicadores, pero se hace muy poco para visibilizarlos y sobre todo frenarlos.