Las personas con enfermedades crónicas y los jubilados y prejubilados no deberían tener ningún copago. Por numerosas razones, ya que es más que suficiente con pagar todos los medicamentos que no entran en el seguro y que  pueden suponer  una gran o considerable parte de la pensión  a la que tienen derecho.

Además, la cotización debería ser más alta para las personas que más dinero ganan en sus trabajos. Parece de puro sentido común. No hace falta elaborar sesudos razonamientos  y argumentaciones para convencerse de ello.

Lo que, a mi juicio, no es justo es que al existir un cierto número de  personas  que gastan de forma excesiva en fármacos, los demás tengan que pagar para compensar las cuentas de la Seguridad Social o del sistema sanitario.

Los derechos de segunda generación o sociales y económicos deben garantizar el bienestar económico de todos los ciudadanos, porque la dignidad humana es un valor esencial que no puede ser destrozado con planteamientos que recortan el poder adquisitivo de  capas de población que viven en situaciones socioeconómicas más delicadas.

Porque la subida de las pensiones es claramente irrisoria. Que suban uno o dos euros de promedio cada año, aproximadamente, es penoso y vergonzoso. Ya que las cantidades que se cobran con las jubilaciones suelen ser modestas y encima no suben prácticamente nada cada año. Es una subida simbólica para poder decir que se han incrementado.

A todo esto es preciso añadir que muchos medicamentos no entran en la Seguridad Social y millones de personas con su pensión de jubilación tienen que hacer frente a gastos adicionales para poder comprarlos y deberían ser gratuitos.

En fin, el panorama parece preocupante  y desolador, porque el Estado no reacciona ante esta situación. Y la solución tampoco es subir la edad de jubilación, ya que se está perjudicando a las personas que después de décadas de trabajo se merecen descanso y ocio en la última parte de su existencia.

El gasto sanitario en España está por debajo de la media de los países de la Unión Europea. El copago aumenta la desigualdad desde la perspectiva de la equidad. Es algo indudable. Y supone también una injusta discriminación para las personas mayores que tienen problemas de salud. Y no es únicamente por los padecimientos crónicos también lo es porque en muchas ocasiones soportan cualquier tipo de discapacidades. Es la cruda realidad de muchos ciudadanos. No puede ser que con el copago  deban pagar más proporcionalmente por las medicinas quienes, de hecho, tienen menos.

Los servicios preventivos de salud deben prestarse con todas las garantías especialmente a los sectores de población más vulnerables como son los mayores y los discapacitados.

De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud afirma con datos científicos que el copago no mejora la eficiencia sanitaria. Al contrario, puede llevar a un deterioro de la salud de la población especialmente de la de más edad.

Y es que con tanta corrupción económica que está saliendo a la luz pública en el ámbito político no se puede mirar para otro lado y seguir sin suprimir el copago.

No es entendible en un estado social de derecho moderno y avanzado que  sigan existiendo desigualdades sociales en salud o en atención sanitaria sobre todo en los grupos de población más desfavorecidos desde una perspectiva económica. La equidad y la igualdad son básicas y fundamentales en cualquier sistema público de salud.

Los recortes y las deficiencias en Sanidad no los deben pagar los ciudadanos y tampoco la deriva privatizadora. El copago es, por tanto, claramente negativo y puede ser entendido como un impuesto sobre la enfermedad. Además, castiga más, de modo inmisericorde o que no se compadece de nadie, a las personas más necesitadas. Con lo  explicado me parece que ha quedado meridianamente clara la necesidad  y la urgencia de acabar con el copago de una vez por todas.