Es evidente que, de forma reiterada, la Generalitat ha incumplido  leyes españolas y  sentencias.

Ante esto debe haber por parte del Gobierno una reacción contundente.  Ante un Golpe de Estado no valen las medias tintas ni los discursos, puesto que es necesario pasar a la acción, con la intervención del Ejército, si fuera imprescindible.

Las Fuerzas Armadas ya están ayudando en tareas logísticas y podrían colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en Cataluña.

En Francia, por causa del terrorismo yihadista, se ven soldados patrullando en París y en otras partes de Francia y Europa y se ve como algo normal. De hecho, nadie se rasga las vestiduras por ello.

Porque, si se espera a este lunes, en el que probablemente se declare unilateralmente la independencia en la sesión del Parlament catalán, el curso de la política puede ir, quizás, en una dirección irreversible hacia la existencia, de facto, de dos Estados enfrentados.

Y, si ocurre esto, me parece que se entrará en una etapa de diálogos y negociaciones que no llevarán a ninguna parte. Ya que las posiciones y los planteamientos políticos de unos y otros son irreconciliables.

El independentismo no acepta, de  ninguna manera, el federalismo ni el plurinacionalismo y el PSOE, o una parte del mismo, ofrece este tipo de soluciones políticas o de encaje territorial a los independentistas.

Las propuestas de Coscubiela y de Iceta de más diálogo y de la celebración más adelante de un referéndum pactado con el Gobierno español tampoco son algo que se pueda aceptar, ya que primero habría que reformar el texto constitucional.

Si no se logra primero, con las mayorías necesarias, esta reforma en algunos artículos de la Constitución no se ve el sentido de empezar este tipo de diálogo o negociación política. Si se aplica una cierta lógica procedimental.

La inhabilitación o destitución de Puigdemont, Junqueras, Forcadell, etcétera, creo que sería algo plausible y coherente desde un punto de vista legal.

Ya el Fiscal General del Estado dijo hace días que existía la posibilidad de detener a Puigdemont y que la estaban estudiando y valorando con prudencia y con criterios de proporcionalidad. Lo que me parece magnífico.

Tal vez, la simple inhabilitación o la destitución efectiva de las máximas autoridades de la Generalitat, por parte del Gobierno de Rajoy, podría ser suficiente para impedir la fractura de España en dos países. O igual empeora las cosas.

Pero ante la desobediencia reiterada del Govern catalán no creo que existan más alternativas eficaces para impedir la creación por la fuerza de una república catalana el próximo lunes.

Se puede mantener la esperanza de que no actuando de un modo contundente no va a pasar nada, pero lo dudo mucho. No creo que sea un farol lo afirmado por la CUP acerca de la inminente declaración unilateral de independencia. Y tampoco me parece que sea un órdago al Gobierno español para ver cómo reacciona y lo que pueden conseguir los independentistas para Cataluña.

La carta de Fernando Savater y otros remitida  a Juncker que es el presidente de la Comisión Europea expone nueve puntos esenciales que son la expresión más clara de lo que son los comportamientos políticos democráticos. Y es verdad que para aprobar una secesión territorial, si no fuera contra lo que dice la Constitución, requeriría para ser democrática y válida de la participación en la votación de todos los españoles.

Estamos asistiendo a momentos y días históricos para el presente y el futuro de España y de Europa. Puede que una parte de la ciudadanía no se plenamente consciente de lo que nos estamos jugando desde una perspectiva  económica, laboral y social, pero parece claro que, si surge y se consolida una república catalana, puede ser el principio del fin para la unidad de España y de otros países europeos.

Porque en el País Vasco parece que pueden seguir una senda similar a la del independentismo catalán y luego puede haber una reacción en cadena en Galicia y en otras Comunidades Autónomas españolas. Esto debería tenerlo en cuenta el Ejecutivo presidido por Rajoy.