Por Andrés Gaudin

Justicia estadounidense en controvertido fallo da razón a fondos buitre y pone a Argentina al borde de un nuevo default.

Argentina quiere pagarles a sus acreedores, pero un anciano juez de primera instancia de un distrito metropolitano de Nueva York, se lo impide. Con la misma puntualidad con que lo hace desde hace 10 años, en junio pasado Argentina depositó en el Bank of New York Mellon los US$ 539 millones correspondientes a una cuota que debía girarles a ciudadanos de todo el mundo que compraron bonos de su deuda externa, pero el juez le ordenó al banco que retuviera esos fondos y no los derivara a las cuentas de sus verdaderos dueños. El magistrado Thomas Griesa, aún en actividad pese a sus 84 años, fue respaldado por la Corte Suprema de EEUU y entre ambos decidieron que el país sudamericano está en default, es decir, incapacitado de hacer frente a sus compromisos externos.

Decidieron, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), poner “en riesgo todos los procesos de reestructuración de deuda que se dan en el mundo”. Es probable que esta sea la primera vez en la historia que un país quiere pagar sus deudas y no puede hacerlo porque la Justicia de otro país no se lo permite. Eugenio Zaffaroni, catedrático internacional y juez de la Corte Suprema argentina, fue implacable con Griesa, y dijo al diario argentino Tiempo que “parece ser un personaje omnipotente cuando en realidad es un pobre juez, casi municipal, de ciega visión jurídica”.

Esta historia comienza en diciembre del 2001, cuando después de una década de neoliberalismo salvaje el país estalló política y económicamente. Tras una semana que dejó una treintena de muertos en las calles de Buenos Aires y se devoró cinco presidentes en 10 días, el Estado se declaró en default y junto con la pérdida del crédito externo perdió toda credibilidad. Al fin, en el 2003, asumió la presidencia Néstor Kirchner (2003-2007) y en el 2004 convocó a los acreedores globales a sumarse a un proceso de reestructuración de deuda. El país se comprometió a pagarles a todos aquellos poseedores de bonos de deuda que aceptaran recibir sólo el 25% de sus acreencias. El 92.4% aceptó. Parte del 7.6% restante de los bonos que no entraron en ese proceso fue comprado en el 2008 por cinco de las sociedades conocidas en el mundo como “fondos buitre”. Compraron por menos del 30% de su valor y, de inmediato, reclamaron el 100% más intereses.

Monto impagable
El juez Griesa determinó que se lo merecen, que tienen razón. La Corte Suprema estadounidense no aceptó un recurso presentado por el Estado argentino para que revisara lo actuado por Griesa y avaló el fallo del juez de Manhattan. En total, habría que pagarles a los buitres $1.3 millardos que, automáticamente, pasarían a ser $15 millardos porque ese pago debe extenderse a todo el 7.6% de los bonistas no reestructurados. Ese monto es impagable; representa el 52% de las reservas totales del país y equivale al 20% de sus exportaciones. Pero no es todo. Si Argentina pagara aquellos $1.3 millardos se dispararía una cláusula del acuerdo firmado con el 92.4% de los bonistas reestructurados, que establece que tienen derecho a que su bono sea equiparado a cualquier otra mejor oferta que se haga al 7.6% que no ingresó al canje del 2004. En tal caso, la deuda pasaría a ser de $500 millardos, casi 17 veces las reservas internacionales. El país no podría pagar y entraría en bancarrota.

El ministro de Economía de Argentina, Axel Kiciloff, repite todos los días que “queremos pagar”, y acusa al juez Griesa y a la Corte Suprema estadounidense de ser parte de este juicio y actuar con “absoluta mala fe”. Insiste que Argentina “no está dispuesto a hacer cualquier cosa y pagar bajo cualquier condición sino bajo los mismos principios que guiaron la reestructuración del 2004, es decir, con el principio de crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan”.

Para Kiciloff, la sentencia de Griesa es inédita e insólita, “inédita porque el juez intenta impedir que un deudor cumpla con sus obligaciones e insólita porque Griesa decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada ni observada por la Securities Exchange Comission de EEUU y porque lo que está inmovilizando son fondos que ya no pertenecen a Argentina sino a terceros”.

Inacción de Obama
Durante todo este proceso, Argentina ha recibido el apoyo de instituciones, medios y personalidades de todo el mundo, desde el FMI, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), pasando por The Financial Times, The Guardian y The New York Times, hasta Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001), Anne Krueger (ex directora gerente del FMI) y Mark Weisbrot (codirector del Center for Economic and Policy Research y presidente del Just Foreign Policy de Washington).

Quizás Weisbrot haya sintetizado la opinión de todos: “En EEUU y la mayoría de los países existen leyes de quiebra diseñadas para permitir a las empresas e individuos que tienen deudas impagables a hacer borrón y cuenta nueva, pero no existe tal mecanismo para los países, por lo que los acuerdos de reestructuración, como el argentino, son una buena forma de resolver los problemas de la deuda impagable. Ahora, de continuarse por el camino trazado por este juez, su fallo tendría un efecto desestabilizador en los mercados financieros internacionales”, dijo.

Sin embargo, el respaldo más contundente llegó del diario británico The Guardian. Allí, Greg Palast, investigador especializado en fondos buitre, acusó al presidente estadounidense Barack Obama de “no hacer lo que debería”. Según explicó, Obama cuenta con una facultad constitucional que se llama “cláusula de separación de poderes”, por la cual, sin violar los principios republicanos, un mandatario puede decirle a un juez que está interfiriendo en las relaciones con otro país.

Palast recordó que en el 2003 el ex presidente George W. Bush (2001-2008) apeló a esa cláusula para impedir acciones contra la República del Congo del mismo fondo buitre que hoy ataca a Argentina.

“Bajo el principio conocido como ‘comity’, Obama sólo tiene que informarle al juez Griesa que está interfiriendo con la autoridad del presidente para conducir la política exterior”, señaló Palast. En base a esto, el gobierno argentino sostuvo que “Obama tiene directa responsabilidad en el desequilibrio financiero mundial que está generando el fallo de Griesa”.

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