Quizás se produzca, después de las elecciones del 27- S en Cataluña, una división o bipolarización entre los partidarios de permanecer en España, y los que votan a los partidos independentistas. Aún sabiendo que la alternativa es inconstitucional, y supera lo autorizado por las leyes vigentes. La previsible fractura social se sustancia en los porcentajes de una encuesta de Sigma Dos que da los siguientes resultados: 44,4 por ciento a favor de la independencia, y 46,2 por ciento en contra de la misma.  Ciertamente es una simple encuesta, y  refleja una intención de voto que puede variar al depositar los votos en las urnas. Pero ya  sirve  para presuponer  lo que puede suceder.

Si Ciudadanos se convierte, por el número de escaños conseguidos en la segunda formación política más votada, como dice la encuesta, y la lista de Podemos tiene más votos que PSC y PP, la política de pactos para gobernar puede ser compleja y difícil. Depende del diálogo entre los dirigentes de los partidos, y de su flexibilidad negociadora, y también, en parte, de lo que opinen las bases de algunas fuerzas políticas.

Parece que, si se produjeran estos resultados electorales, Mas no tendría problema para seguir con el proceso de independencia, de un modo más resolutivo y fuerte. Aunque la situación es más compleja aún, porque según las encuestas, la mayoría de los catalanes rechaza la secesión.

Y, si Mas no logra al menos el  50 por ciento  de los votos, sumando también los de Junts pel Sí  y la CUP, las dudas acerca de su plan soberanista pueden incrementarse, notablemente, en Convergencia partido afectado por la investigación de la trama corrupta del 3 por ciento.

En lo relativo a dos ideas que ha transmitido a los ciudadanos Artur Mas, respecto a que estas elecciones son un referéndum, y que, si Cataluña se independiza, mejorará económicamente, son claramente refutables, especialmente, la primera desde una perspectiva puramente jurídica.

Las declaraciones en los medios de comunicación del presidente Mas llamando a negociar la secesión para evitar “lesiones económicas” son la expresión de un deseo o de una opinión personal, lo mismo que al decir: «Yo estoy convencido de que España sale adelante bien, incluso sin Cataluña». Pero existen una serie de consecuencias negativas para la economía catalana, si se produce la independencia, y que los propios asesores de Mas han puesto de manifiesto, entre ellas la implantación del corralito en Cataluña. Si a esto se añade que los catalanes no podrían circular libremente por la Unión Europea, y no recibirían tampoco ayudas al desarrollo, etc., la situación para el estado catalán se complicaría.

La hipotética república catalana no podría protegerse contra amenazas externas. El dinero no estaría seguro en los bancos sin el Frob, etc. Los productos catalanes tendrían un coste más alto de cara a la exportación, al no estar Cataluña en la UE. La facilidad para lograr financiación sería  menor.

En lo referente a la formación, el Erasmus y otros programas de formación e investigación, no podrían ser solicitados por los ciudadanos de una Cataluña independiente. No es extraño que los círculos empresariales estén, en su mayor parte, en contra de la independencia. De hecho, ya se están marchando empresas de Cataluña por causa del proceso soberanista. Lo que parece indudable es que se inicia un periodo de cambio político. Ya que la influencia de los resultados del 27-S, en las Elecciones Generales de diciembre, puede ser decisiva.