Gobierno no da pistas para encontrar paradero de 43 estudiantes normalistas desaparecidos tras ataque de policía municipal.

En México las escuelas normales rurales son institutos pedagógicos donde los hijos de agricultores pobres estudian para ser maestros de las nuevas generaciones de campesinos. Hay sólo 15 en todo el país y son reconocidas por el compromiso social y político de sus alumnos, pero para el gobierno son un criadero de guerrilleros.

El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera.

“Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero.

Fiscalía acusa a responsables

Inicialmente abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra prófugo— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.

Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda y Flores.

“Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el procurador general Jesús Murillo Karam.

Dos integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado.

Buenas relaciones con la mafia

De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron complacientes.

Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los cárteles criminales.

“Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado.

Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000 zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22 de octubre.

Operaciones de búsqueda

A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 4 de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún los resultados de sus investigaciones.

Conforme avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos?

“El padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano Gaspar Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar de forma inmediata “todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender “una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”.

“La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH. “De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares”. —Noticias Aliadas.