Comunidades indígenas y asambleas ciudadanas son víctimas de la represión por su resistencia a proyectos extractivos.

En los últimos años la criminalización de la protesta social en Argentina se trasladó de los grandes centros urbanos a las periferias, particularmente, frente a las demandas territoriales indígenas y las luchas en defensa de los bienes comunes impulsadas por asambleas socioambientales.

“En los 90 la respuesta del Estado a los reclamos de sectores desocupados era claramente la criminalización y, a partir de los últimos años de gobierno, identificados como kirchnerismo, no es principalmente la represión el mecanismo por el cual se disipan estas protestas”, sostuvo Eduardo Hualpa, presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), a Noticias Aliadas. “Hay otras mecánicas, hay diálogos, complejos, hay quien dice que hay cooptación, otros que dicen que hay incorporación a las propuestas políticas; en definitiva, hay otros fenómenos que están jugando, pero esto no sucede en el caso de los reclamos de comunidades o de instituciones indígenas. El Estado no tiene una propuesta política que integre o que incorpore las demandas indígenas desde el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, destacó.

El jurista Alberto Binder, integrante de la comisión directiva de Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática (ILSED), coincidió con el análisis de Hualpa, aunque precisó que en las urbes comienza a perfilarse un cambio en la respuesta del Estado, “una mayor represión” ante las demandas impulsadas por comisiones sindicales de tendencia de izquierda clasista, que se salen de “los cauces de negociación estándar” utilizados por la burocracia sindical.

Binder lamentó que el gobierno nacional no haya persistido para que los protocolos de intervención en la protesta social, fueran implementados por las policías provinciales. Según el jurista, la aplicación de estas normas de procedimiento, en cuyo proceso participaron organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, evita o reduce la violencia en los casos de represión.

Los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, presentados en el 2011 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros puntos establecen que la intervención de las fuerzas será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; prohíbe al personal policial que pudiera tomar contacto directo con los manifestantes portar armas de fuego —medida vigente desde 2010 en el ámbito federal—, también prohíbe el uso de pistolas lanzagases y limita el uso de postas de goma.

Debido a la baja de las protestas sociales en las urbes, protagonizadas en algunos casos por movimientos sociales que se hacían eco de las demandas de campesinos, indígenas y asambleas socioambientales, “la clase media empieza a mirar estos problemas como un problema de lejanía, entonces también hace que estos temas queden como ocultos”, advirtió Binder. Según el jurista, la pérdida de presencia en los centros urbanos genera un debilitamiento en los reclamos de los pueblos originarios y de asambleas socioambientales, “que tienen poca estructura de sostén” y “allana el avance [represivo] de los gobiernos provinciales”.

“La estructura de defensa de los organismos de derechos humanos, en las provincias, es mucho menor, y a los grandes organismos, que están radicados en Buenos Aires, les cuesta llegar”, agregó.

Por otra parte, en su análisis sobre los avances y retrocesos en materia de criminalización, Binder puso el acento en la Ley Antiterrorista, cuya reforma fue aprobada en diciembre del 2011. El jurista advirtió que no es precisa al definir qué es terrorismo, y deja un amplio margen de interpretación y aplicación.

“Ahora lo terrorista es cualquier delito del Código Penal que se hace con finalidad terrorista, es decir, con finalidad de aterrorizar, de condicionar a las autoridades públicas”, indicó. La norma anterior, fruto de una reforma realizada en el 2007, penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas.

Protesta indígena

Para Hualpa, los pueblos indígenas “nuevamente aparecen como el límite al desarrollo económico y productivo del país. Volvemos a los textos de Domingo Faustino Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi, del siglo XIX [que planteaban la dicotomía ‘civilización o barbarie’]”, sentenció.

El 13 de abril se fijaron cargos contra tres dirigentes mapuche de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina: Relmu Ñamku es acusada de intento de homicidio, mientras que el werken (mensajero) Martín Maliqueo y el logko (autoridad política) Mauricio Raín, de daños graves. La causa tiene origen en la resistencia de la comunidad Winkul Newen a la explotación de hidrocarburos en su territorio.

El 28 de diciembre del 2012 se produjeron incidentes cuando una empleada judicial acompañada por efectivos policiales y representantes de la petrolera Apache intentaron notificar el desalojo de la comunidad dictada a instancias de la empresa, que pretendía ingresar y activar el yacimiento paralizado por los mapuche. En aquella oportunidad la oficial de justicia Verónica Pelayes resultó lesionada en el rostro al recibir el impacto de una piedra.

La Fiscalía y la querella en juicio pedirán 15 años de prisión efectiva para Ñamku. De haber condenas, el caso podría marcar un precedente negativo no sólo para las demandas indígenas sino para la protesta social en general.

“Lo que hay claramente con esta calificación es un mensaje de advertencia, de cuidado hacia las comunidades”, afirmó Darío Kosovsky, abogado defensor de los mapuche. “Hay una política criminal autoritaria en el Ministerio Público neuquino porque no encuentra ningún sustento legal el tipo de calificación que se intenta aplicar en este caso”.

“El conflicto no es por el lanzamiento de una piedra y la lesión de esta persona, que es lamentable, sino que el conflicto real es entre el Estado, las petroleras y la comunidad, quedando este hecho como variable de ajuste que utilizan para evitar cualquier tipo de resistencia”, enfatizó Kosovsky.

“Esta causa, más allá de las personas, tiene un sentido mucho más profundo; hacer como un efecto dominó, hacer caer [el Código Penal] sobre todo aquel que luche en contra de la explotación petrolera de la manera que se está llevando en Neuquén”, sostuvo Ñamku. La dirigente mapuche también destacó que la causa judicial es un mensaje disciplinador “para todo aquel que también se quiera oponer al fracking”.

Criminalización petrolera

En ese sentido cabe mencionar que la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de petróleo de esquistos bituminosos (shale oil) gas de lutitas (shale gas) del mundo, donde se aplica la técnica del fracking o fracturación hidráulica, ha disparado conflictos territoriales en cercanías de la localidad neuquina de Añelo. La comunidad Campo Maripe en agosto del 2013 sufrió el incendio de dos viviendas, un salón comunitario y un galpón luego que la Legislatura provincial aprobara el proyecto de las empresas YPF-Chevron para extracción de gas y petróleo de lutitas en el área Loma Campana, en territorio que los mapuche reivindican como propio.

La explotación de Vaca Muerta ha generado una explosión demográfica en Añelo por las posibilidades de trabajo en la industria petrolera, en el 2010 la localidad tenía 2,449 habitantes, según el Censo Poblacional, en el 2015 ascendería a 13,736 habitantes, según la consultora Idom. Esta situación ha desbordado la capacidad de respuesta del municipio y de la provincia, en ese contexto los aportes de empresas del sector cobran gran relevancia. Ejemplo de ello es que la Fundación YPF junto al Banco Interamericano de Desarrollo han elaborado las directrices del diseño urbano de Añelo para afrontar su crecimiento. Además tanto la petrolera argentina a través de su fundación, como la francesa Total, financiarán las obras para incrementar el abastecimiento de agua potable de la localidad y han realizado aportes para establecimientos educativos y el centro de salud.

Al respecto la fiscal federal de Neuquén, María Cristina Beute, ha manifestado su preocupación por el financiamiento que aportan las petroleras para garantizar mayor despliegue de efectivos policiales en la zona.

“Es una función del Estado, no se puede tercerizar y mucho menos en manos de alguien que tiene un interés, que la producción no pare. Entonces la seguridad va a organizarse en función de ese interés económico y todo lo que pueda entorpecerlo va a ser solucionado de la manera que les parezca”, advirtió Beute. — Noticias Aliadas.

Fuente de foto: Noticias Aliadas