Puede parecer un título exagerado y descorazonador, pero es una triste realidad. Así se refleja en las conclusiones del informe auspiciado por Cáritas acerca de la exclusión social y la pobreza en nuestro país. Los análisis de los datos confirmados que se exponen son demoledores por varias razones. La encuesta y el informe proporcionan informaciones estremecedoras para un país desarrollado como es España.

Parece que a una mitad de la población que consume abundantemente o se endeuda para gastar más le es indiferente que un 20% de los ciudadanos lo pasen mal o muy mal económicamente. El número de pobres en España ha aumentado en vez de disminuir en los últimos diez años.

Parte de los jóvenes están en las redes de la exclusión social y también los que carecen de trabajo y un número considerable de mujeres. Esto supone la existencia de una bolsa de excluidos de millones de personas. Como indica el informe 8,5 millones de personas están en situación de exclusión social. Un millón y pico más que en 2007. Lo que da idea de que las cosas van a peor. Y lo que es más grave todavía 4,1 millones de personas padecen una situación de exclusión social severa. Esto es inadmisible en un Estado que establece en su Constitución la suficiencia económica de los ciudadanos y el derecho a una vida digna.

Es necesaria una efectiva política de redistribución de la riqueza en todos los sentidos. La igualdad de oportunidades no existe realmente. La precariedad laboral causa exclusión social. El desempleo persistente provoca desigualdad y pobreza.

La justicia social brilla por su ausencia. Lo que no es lógico ni racional es que los que viven de forma acomodada echen en cara a los excluidos la responsabilidad que supuestamente tienen por estar en la pobreza.

Es una nación en la que alrededor de un 70% de los trabajos se consiguen por enchufe, el mérito y el esfuerzo son, en muchas situaciones, infravalorados.

Es preciso ser empáticos y pensar en los que están pasando penalidades en su vida por la falta de oportunidades para trabajar y salir adelante. Y en lo referido a unos seis millones de ciudadanos que no se sienten seguros en su situación económica no cabe decir que no tienen motivos para la expresión de su malestar. El trabajo es un derecho y no un privilegio.

Las ayudas sociales o económicas a los excluidos son absolutamente necesarias. Y los partidos políticos deben tomar decisiones al respecto en el desempeño de sus responsabilidades de gobierno. Nadie merece vivir sin los mínimos recursos económicos. Esto no puede ser ignorado. Este informe insiste en la necesidad de hacer  visibles para las formaciones políticas a estos millones de personas y familias que lo están pasando realmente mal o muy mal.

Los ciudadanos o la mayoría de los mismos están convencidos de que el Estado tiene que intervenir ya para hacer real la protección social de los que lo necesiten. No se puede creer en un excesivo gasto social, porque es imprescindible y se puede pagar con los impuestos. No se puede rechazar la compasión con los afectados por la desigualdad y la injusticia social existente. Debemos ser solidarios.

Frente al individualismo y relativismo predominante en una parte  de la ciudadanía conviene poner de relieve que el Estado es el que tiene, a mi juicio, la responsabilidad para tomar medidas que pueden consistir en ayudas económicas suficientes para que estos millones de ciudadanos puedan vivir de un modo adecuado. Es lo que corresponde en un Estado Social de Derecho como es, en teoría, España. Afortunadamente, una mayoría de la población de nuestro país insiste en la necesidad de aumentar el gasto social para garantizar una vida digna a todos.

En lo relativo a la discapacidad y a la dependencia y pensiones la solidaridad intergeneracional es lo exigible desde un planteamiento ético de mínimos. Las generaciones se suceden en el tiempo y, por tanto, es preciso pensar ordenada y racionalmente en el futuro que nos espera a todos. Estas cuestiones no se pueden dejar a la improvisación y a las ocurrencias.

Existen alternativas de solución eficaz. Ya las están poniendo en marcha desde hace años en los países nórdicos y en el Reino Unido. Los impuestos directos son la auténtica tabla de salvación para evitar el naufragio de la sociedad española, sin ninguna duda. Es la redistribución.