El Gobierno español avanza en el plan de regeneración democrática

El Gobierno español avanza en el plan de regeneración democrática

El Gobierno español ha presentado la futura ley de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que prohibirá que reciban donaciones de personas jurídicas y que los bancos les condonen sus deudas. Además, ha aprobado el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 y la segregación de Adif en dos entidades públicas empresariales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Consejo de Ministros ha analizado dos anteproyectos que constituyen el “núcleo esencial del plan de regeneración democrática”, presentado el 20 de septiembre, y responden al compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción.

El anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos presenta como principal novedad la prohibición de donaciones de personas jurídicas.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, hasta ahora, los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas con el límite de 100.000 euros anuales, pero ahora se prohíben completamente. “Entendemos que cuando la donación la hace una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política, de compromiso, por afiliación, simpatía o convicción inherente a la libertad individual de los ciudadanos. Por tanto, entendemos que ese tiene que ser el cauce lógico de financiación”, ha dicho.

Otra novedad es que las entidades de crédito no podrán condonar los créditos, de cualquier cuantía, que tengan con los partidos políticos. La vicepresidenta ha concretado que se entiende por condonación “las cancelaciones totales o parciales del principal del crédito o las renegociaciones de los tipos de interés por debajo del precio de mercado”.

Además, la futura ley contempla un régimen de devolución de las donaciones indebidas; establece la obligación de que los partidos, sin excepción, presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas; prohíbe recibir subvenciones a los partidos que no las hayan presentado; establece obligaciones tasadas en la contabilidad de los mismos; regula la figura del responsable de la gestión económica financiera del partido y su rendición de cuentas en el Parlamento; clarifica el régimen de infracciones y sanciones en materia de financiación y obliga a los partidos a establecer un procedimiento normalizado de contratación para incrementar la transparencia.

Altos cargos

Por otra parte, la vicepresidenta ha destacado que el anteproyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado presenta como novedad que los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad no podrán ser altos cargos mientras cumplan condena.

Tampoco lo serán los inhabilitados conforme a la ley concursal; los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público; los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con la Ley de Transparencia, y los condenados por determinados delitos contra las instituciones y las administraciones públicas, incluido el de terrorismo, mientras no se cancelen los antecedentes penales.

Sáenz de Santamaría también ha indicado que la futura ley establece el régimen general de incompatibilidades y la homologación de las declaraciones de actividades, bienes y derechos. Se trata de analizar “si el alto cargo se ha enriquecido de manera no justificada durante el desarrollo de su actividad”.

Plan Nacional de Inclusión Social

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Inclusión Social 2013-2016, que se enmarca en el Plan Nacional de Reformas y surge como instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha destacado que el documento se ha elaborado con la colaboración y el consenso de todas las administraciones públicas, así como de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales.

Mato ha detallado que el Plan cuenta con más de 135.000 millones de euros para luchar contra la pobreza y la exclusión social en los próximos cuatro años: “Dedicaremos más de 93 millones de euros al día para ayudar a las familias que peor lo están pasando. Además, por primera vez, se incorpora un fondo extraordinario de 17 millones de euros íntegramente destinado a combatir la pobreza infantil, que se convierte en el eje principal de este plan”.

La ministra ha añadido que “se trata del plan más ambicioso de cuantos se han puesto en marcha en España”. A diferencia de planes anteriores, contempla a todos los grupos que puedan estar en situación de exclusión e incluye la puesta en marcha de la primera estrategia nacional de personas sin hogar. Además, la colaboración con el tercer sector es uno de sus pilares.

El Plan contiene 240 medidas y se articula en torno a tres ejes: el empleo, la garantía de ingresos mínimos y el acceso a unos servicios mínimos de calidad.

Segregación de Adif

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se reestructura la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y se segrega ADIF en dos entidades: ADIF y ADIF Alta Velocidad.

Esta separación busca, según ha explicado la ministra de Fomento, Ana Pastor, “mayor racionalización del sector ferroviario, en aras a lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, para asegurar la estabilidad presupuestaria”.

También pretende la mejora en la gestión de los recursos públicos, ya que ADIF Alta Velocidad se financiará mayoritariamente con ingresos de los operadores y del mercado, mientras que ADIF estará financiada principalmente con transferencias del presupuesto estatal, ha concretado Pastor.

La nueva entidad, ADIF Alta Velocidad, gestionará la construcción y administración de las infraestructuras de alta velocidad y las infraestructuras y funciones que se le transfieran, como son todos los negocios de estaciones de Alta Velocidad, toda la actividad de telecomunicaciones y toda la actividad energética.

Su creación, ha subrayado la ministra, “no supondrá incremento de dotaciones, retribuciones ni, por supuesto, otros gastos de personal al servicio del sector público y se garantizan las condiciones laborales del personal de la nueva entidad”.

Por su parte, ADIF tradicional administrará la red convencional y de ancho métrico y los negocios no afectos a ADIF Alta Velocidad, ha señalado Pastor.

En el área de Fomento, el Consejo de Ministros también ha autorizado la suscripción de un contrato entre el Gobierno y Renfe-Operadora para garantizar la calidad, frecuencia y operatividad del transporte ferroviario de servicio público para lo que queda del año 2013, y los años 2014 y 2015. De este servicio público se benefician, según ha subrayado Ana Pastor, más de 300 millones de pasajeros al año.

El presupuesto para el año 2013 es de 510,2 millones de euros, el correspondiente a 2014 es de 501,4 millones de euros y el relativo a 2015 es de 495,3 millones de euros. Estas aportaciones suponen un incremento del 21% respecto de años anteriores, ha dicho la ministra.

Este contrato, según ha explicado la titular de Fomento, garantiza la prestación de servicios de alto componente social, mediante la subvención del 50% de sus costes, asegura su calidad, puntualidad y frecuencia, garantiza el derecho a la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial.

Mejora del gobierno corporativo

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital cuyo fin es mejorar el gobierno corporativo de estas sociedades.

El anteproyecto incorpora las propuestas planteadas por la comisión de expertos en materia de gobierno corporativo que fueron analizadas por el Gobierno el pasado 18 de octubre. Las modificaciones inciden sobre todo en las sociedades cotizadas, aunque también introducen novedades en todas las sociedades.

La vicepresidenta del Gobierno ha citado entre las novedades para las sociedades cotizadas que la política de remuneraciones de los consejeros será votada por la junta general de accionistas con carácter vinculante cada tres años. Se reduce el plazo máximo del mandato de los consejeros de seis a cuatro años. Cuando el presidente sea a su vez consejero ejecutivo de la sociedad, su nombramiento requerirá el voto favorable de dos tercios del consejo.

Como novedades para todas las sociedades, Sáenz de Santamaría ha indicado que se extiende a las sociedades anónimas la prohibición de voto de los socios en determinados supuestos de conflicto de interés y se tipifican de forma más precisa los deberes de lealtad y diligencia de los administradores. Además, la remuneración de los administradores deberá ser razonable y acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones que les sean atribuidas.

La norma se incluirá dentro de la modificación del código de sociedades que está elaborando el Gobierno y que forma parte del Código Mercantil, según ha avanzado la vicepresidenta.

Asuntos de actualidad

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha reiterado la postura del Gobierno sobre la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña: es inconstitucional, los titulares de la soberanía nacional son los españoles, y nadie, salvo el pueblo español, puede decir cómo se organiza el Estado.

Ha añadido que el Gobierno, que también lo es de los catalanes y está para velar por sus intereses, seguirá trabajando para que se vean lo menos perjudicados y perturbados posible por un proceso que genera sensación de incertidumbre.

Sobre la decisión de Las Vegas Sands de no instalar un complejo de ocio y juego en España, Sáenz de Santamaría ha dicho que las nuevas condiciones planteadas por la empresa no tienen encaje ni en el derecho español ni el comunitario y no pueden ser asumidas por ninguna de las tres administraciones implicadas: la autonómica de la comunidad de Madrid, la nacional y la de la Unión Europea.

La obligación del Ejecutivo, ha resaltado, “es preservar los intereses generales de los ciudadanos” por lo que el Gobierno seguirá trabajando por atraer inversión extranjera a España “que vuelve a ser un país atractivo y creíble para los inversores”.

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