Hasta hace un año, México reportó 51 mil denuncias por violencia y abuso sexual en contra de mujeres. Lo anterior de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer en su momento por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A estas alturas y con los nuevos contextos que se viven en el país, tales como la pandemia por Covid-19 y la crisis económica, se vislumbra que estas cifras se hayan duplicado de manera alarmante, pasando al siguiente escalafón de cifras escalofriantes al referirnos a los feminicidios.

El país sigue inmerso en una gran oleada de inconformidad proveniente no sólo de los grupos del feminismo duro y de combate.

Las mujeres de todos los estratos se han ido sumando para levantar la voz frente al silencio aterrador que guardan los gobiernos ante las denuncias de miles de mujeres que cada 10 minutos son víctimas de violencia sexual.

A este panorama se suma el ambiente político que hoy priva en México con la proximidad de elecciones intermedias.

Muchos han sido los esfuerzos que han impulsado colectivos y mujeres de la política al buscar candados que impidan la irrupción de violentadores que valiéndose de cargos de elección popular cometan delitos de género.

Las autoridades electorales dieron los primeros avances al lograr acuerdos donde se impidiera postular como candidatos a todos aquellos que tuvieran antecedentes de algún tipo de violencia o abuso, priorizando delitos contra las mujeres.

Sin embargo, en el país se viven tiempos donde los acuerdos pueden convertirse en documentos de letra muerta si así convienen a los actuales intereses de la Cuarta Transformación.

El caso del ex senador Félix Salgado Macedonio traspasó las fronteras para ser el foco de análisis entre organismos internacionales de mujeres, quienes reprueban la actitud de un gobierno mexicano que sostiene frente a viento y marea, las aspiraciones de un personaje que en primera instancia fue señalado por abuso sexual a una mujer que ha sido revictimizada por las propias autoridades mexicanas.

A ella se han sumado los testimonios de más mujeres que también fueron violentadas por el mismo político.

El Movimiento de Regeneración Nacional, partido político que hoy gobierna, rehúye la responsabilidad de tomar decisiones para cancelar el registro de esta persona que está a unos pasos de ser postulado como candidato al gobierno del Estado de Guerrero.

Como si no bastara con lo anterior, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado el tema calificándolo de politiquería.

Cada vez son más voces de las mujeres mexicanas que con paso firme preparan lo que será tal vez, la muestra más contundente de la feminocracia que toma fuerza en un México donde la política de género está invisibilizada y con estadísticas alarmantes en feminicidios cometidos a manos de miles de violentadores que hoy gozan de una política de impunidad.