Luego de lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, el país enfrenta de nueva cuenta una polarización donde la única coincidencia es haber salvado vidas de civiles que sin deberla ni temerla, se convirtieron en los perfectos rehenes de un grupo delincuencial.

Muchos son los análisis hechos a partir de la polémica decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, El Chapo Guzmán.

Pues bien, es tiempo de pedirle al Gobierno de México y directamente al Presidente López Obrador que aplique la misma congruencia al decidir salvar vidas y ahora restablezca la paz nacional no sólo en un territorio tan caliente como Sinaloa, sino en muchos otros puntos del país que son polvorines y que en cualquier momento pueden emular las acciones del Cártel de Sinaloa para volver a poner en jaque al Gobierno Federal.

No podemos ignorar que la decisión tomada por el Presidente de México, fue resultado de una cadena de errores gestada desde los mandos medios de la Seguridad Nacional y de la opacidad militar para reaccionar de manera certera y estratégica frente a lo que por lógica representaba pegarle a un gran avispero, donde se debilitó a un ejército incrementando el riesgo para una población civil.

Estos errores en el manejo de la seguridad nacional no pueden representar un nuevo riesgo para otra zona del país.

Es verdad que las renuncias de funcionarios debilitarían a un gabinete de seguridad, sin embargo, urge que quienes están hoy al frente de los mandos militares y de la seguridad en México, no cometan o finjan cometer errores que puedan terminar en un baño de sangre, resultado de enfrentamientos con el crimen organizado.

Al Presidente se le creyó su intención de pacificar a México pero que no sea a costa de vulnerar la propia seguridad nacional.

Es urgente replantear esa estrategia de seguridad que hasta hoy no se nota en un país carcomido por los grupos delincuenciales y por el contubernio real que existe con las policías estatales y municipales del país.

La percepción hacia las acciones del poder ejecutivo ha salido medianamente librada, ante la decisión de salvaguardar vidas. Sin embargo, es tiempo de aplicarle mano dura al propio Presidente AMLO para exigirle equilibrios, congruencia y mesura a la hora de argumentar sus decisiones.

El mandatario no puede subirse al ring de la necedad y descalificar las opiniones de los diversos sectores que también forman parte de la diversidad de un país.

Para poner orden hay que empezar por casa. Así que el Presidente tiene un gran reto primero con él mismo y luego con un equipo de trabajo donde es inminente que hay Secretarios que no funcionan para las necesidades que hoy tiene un país como México, y en este sentido el mensaje es claro para tres funcionarios: Olga Sánchez Cordero en Gobernación, Alfonso Durazo, en la Secretaría de Seguridad y Manuel Bartlett en la dirección general de la CFE.

A menos de un año de mandato, es imprescindible que el Presidente haga los primeros enroques que urgen para aminorar las fallas que hoy han dejado los primeros estragos de acciones erráticas, resultado de decisiones tardías y sin estrategia.

México vive tiempos de mucho activismo social donde lo que menos favorecería a la democracia, es seguir fomentando liderazgos mesiánicos en aras de defender a ultranza a una figura política, a un partido o a una doctrina ideológica.

Este país necesita tener los pies sobre la tierra para dejar de seguir anclados en la esperanza de la cuarta o quinta transformación. Lo inmediato es aplicarle el marcaje personal al propio mandatario, dejando en claro que México no es sólo Andrés Manuel López Obrador.

México es un país donde hoy se tiene que exigir, pero también ayudar a un gobierno a mirar sus errores, capitalizar sus victorias y buscar los equilibrios en la participación social, política y democrática de toda una nación.