En el México de la cuarta transformación se viven tiempos que alertan riesgos de caer en las latentes tentaciones de lo que bien podríamos llamar el absolutismo presidencial.

En un México donde la independencia de poderes ha sido una larga y desgastada falacia, resultó decepcionante escuchar decir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que si intentan frenar los cambios a la reforma de la industria eléctrica, pues hace cambios a la constitución.

Lo anterior envía un mensaje de intolerancia frente al escrutinio de decisiones que deben darse en un país donde se presume un gobierno democrático.

Contradictoriamente a lo criticado por el Presidente AMLO parece que se siguen ejerciendo los viejos tiempos donde el dedo flamígero presidencial dice qué aprobar en el Congreso y qué frenar o amedrentar en el poder judicial.

Al presidente hoy le incomodan las decisiones de jueces que actúan por mutuo propio ejerciendo una libertad que les confiere el poder que representan.

Y es que también conviene recordar que en nuestro país, las redes de corrupción que involucran jueces, ministerios públicos, magistrados es una realidad que ha restado autonomía a un poder que históricamente por de facto ha recibido la señal del Presidente para actuar en consecuencia.

Las recientes declaraciones de Arturo Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le marcaron el límite al Presidente AMLO para recordarle la autonomía e independencia del poder judicial.

La “sugerencia” del mandatario para investigar al juez que otorgó un amparo provisional contra su reforma a la industria eléctrica, provocó interpretaciones temerarias sobre el riesgo de ese absolutismo presidencial que pueda manipular a libre discreción la carta magna del país.

En el análisis de estos acontecimientos, resurge el cuestionamiento de cómo se aplica la ley en tiempos de la cuarta transformación.

Parece que López Obrador mira la justicia desde la óptica de la “obligación” que los poderes legislativo y judicial tienen para subyugarse frente a los mandatos presidenciales.

Los desatinos del Presidente lo siguen acompañando sobre todo cuando una y otra vez sus contradicciones exhiben que aplica la vieja máxima:

“Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”.

Lo anterior quedó demostrado luego de trascender el crédito que su gobierno vía el Banco Nacional de Comercio Exterior otorgó a su productor y documentalista de cabecera, Epigmenio Ibarra, director de la empresa Argos.

Fiel defensor del Presidente, Epigmenio Ibarra obtuvo 150 millones de pesos para rescatar a su empresa y equipar a todo lujo a su renovada Casa Productora.

Estos también son los nuevos tiempos de un gobierno de izquierda que rápidamente aprende los viejos usos y costumbres de los gobiernos neoliberales.