Proyecto de ley busca reconocer y proteger a quienes se dedican a la actividad sexual.

Es un acto de conciencia: usar el cuerpo como herramienta de trabajo para dar placer a cambio de dinero. Pero esta decisión personal no goza de buena reputación ni en la sociedad ni en los gobiernos latinoamericanos. Marginadas, discriminadas, estigmatizadas y aborrecidas, las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen otra opción que llevar en silencio las constantes violaciones a sus derechos. Más temprano que tarde, un organismo en El Salvador pretende cambiar esa historia y poner a prueba a las máximas autoridades de ese país centroamericano.

El no gubernamental Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar ha elaborado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales de El Salvador. La propuesta será presentada formalmente a la Asamblea Legislativa en el 2016, pero a finales de noviembre próximo se hará una presentación y discusión pública, según declaró a Noticias Aliadas la directora ejecutiva de este colectivo, Haydeé Laínez.

Este organismo asesora a las personas que han decidido emplearse otorgando servicios sexuales. La entidad aglutina a unas 2,700 mujeres de todo el país y tiene presencia en los departamentos de Sonsonate, San Miguel, Santa Ana y San Salvador.  Además, el colectivo es parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).

La idea de dignificar el trabajo sexual en El Salvador surgió muy poco después del nacimiento del Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar en el 2005, pero fue hasta hace cinco años cuando un equipo de esta organización con asesoría internacional dispuso analizar todas las leyes del país —a favor y en contra de las trabajadoras sexuales— para crear su anteproyecto.

“Este documento tiene la esencia del sentir de las trabajadoras sexuales”, enfatiza Laínez en conversación conNoticias Aliadas. Para ella, hay una clara violación a los derechos de sus compañeras ya que no tienen acceso a créditos bancarios, prestaciones sociales como seguro social o derecho a jubilación. Tampoco pueden adquirir una vivienda propia.

“Trabajamos 365 días al año. Pagamos impuestos, porque cuando pagamos el agua, la luz, la telefonía, estamos pagando nuestros impuestos”, asegura Laínez,  de 46 años, quien se inició en el trabajo sexual a los 18 años. Ella ha logrado sortear los embates de la vida y de la sociedad. Ha tenido que batallar con clientes abusivos, con los insultos en la vía pública, con la policía y los militares y las ordenanzas municipales. Y, como si fuese poco, con las extorsiones de las pandillas.

Ordenanzas municipales represivas

La Constitución de la República de El Salvador no prohíbe ni sanciona el trabajo sexual, sin embargo, las contravenciones de las municipalidades sí lo hacen. Castigan con multas y cárcel la oferta y demanda de servicios sexuales. Por eso no es extraño que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) —especie de policía municipal— y los agentes de seguridad del Estado acosen a quienes ofrecen sus servicios sexuales en la calle. Más que implementar multas, las autoridades lo que buscan es el chantaje y cambian las infracciones por placer sexual.

“Es curioso que las ordenanzas [leyes secundarias] nos reconocen, pero nos reconocen únicamente para discriminarnos y para sacarnos dinero”, señala Laínez.

El anteproyecto de ley del trabajo sexual tiene como columna vertebral el reconocimiento de esta labor ante las autoridades y la sociedad salvadoreña. De esto se desprenden otros puntos no menos importantes como una mejor atención en salud libre de prejuicios y discriminación. Además, la posible aprobación de esta iniciativa derogaría las leyes secundarias de las municipalidades que persiguen a quienes otorgan servicios sexuales. También pondría un alto a la explotación sexual en sitios cerrados como los clubes nocturnos o la trata de personas.

“La historia le ha vendido a la humanidad que lo que hacemos no es trabajo y hasta nosotras nos hemos creído eso, pero hay que desmentirlo y hay que sensibilizar a los gobernantes y a la sociedad en este tema”, comenta Laínez, quien está a punto de egresar de la licenciatura en Trabajo Social.

El anteproyecto de ley del Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar cuenta con el apoyo financiero de Plan Internacional. Laínez afirma que reúnen a varias instituciones del Estado y de la sociedad civil en lo que ella denomina Mesas de Trabajo Sexual en las que participan los ministerios de Trabajo, Salud y Economía y los organismos de seguridad como la Policía Nacional Civil y el CAM.

El escenario más difícil, no obstante, es la Asamblea Legislativa. El pasado 1 de mayo de 2015 se eligió a la nueva legislatura que ejercerá hasta 2018. En los partidos mayoritarios han entrado jóvenes. Esto supondría refrescar la mentalidad de los veteranos políticos del Congreso. O al menos, habría una voluntad de escuchar y debatir temas espinosos como la despenalización del aborto o una propuesta de ley como la del trabajo sexual.

Noticias Aliadas hizo un sondeo con distintas voces de los partidos más representativos del Palacio Legislativo. Aunque hubo resistencia para opinar —los diputados querían conocer por escrito la propuesta antes de  arriesgarse a dar una declaración—, finalmente las reacciones tienen puntos en común que esbozan una recepción abierta a escuchar la propuesta del Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar.

El diputado y presidente de la junta directiva del Congreso, Guillermo Gallegos de Gran Alianza por la derechista Unidad Nacional (GANA), considera que si bien el tema ya ha sido “regulado en varios países y no sería mala idea [regularlo en El Salvador] porque con esto se mantiene un control; incluso, a través de la regulación se puede prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual”.

“Yo no descartaría apoyar una iniciativa como esta. Es algo que se practica aquí y en cualquier parte del mundo y nunca va a desaparecer. No es que estemos de acuerdo con esto, pero ante la situación lo mejor es regularlo. Y sí soy de la idea de que debe de dárseles atención [a las trabajadoras sexuales] a través de una regulación por ley”.

Estigmatización y vulneración de derechos

El trabajo sexual no es un tema agradable en buena parte de los círculos feministas o progresistas. Las primeras afirman que las mujeres que ofrecen servicios sexuales están perpetuando la máxima expresión del patriarcado que reduce a la mujer a un pedazo de carne que existe únicamente para satisfacer al hombre. Los segundos dicen que un verdadero hombre jamás solicita un servicio sexual, porque eso no es de hombres ni de un caballero. O que un varón sea trabajador sexual es sencillamente impensable.

“Quien no conoce el trabajo sexual, que no hable. Solo las personas que hemos ejercido esto sabemos de lo que hablamos y lo que esto significa. Si no lo han vivido, ¿cómo lo van a argumentar?”, zanja Laínez.

Pero apoyo hay y viene desde una importante entidad de El Salvador denominada Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Una de sus voces, Morena Herrera, asevera que “es necesaria una regulación legal sobre el trabajo sexual, porque la alegalidad [no regulación ni prohibición] en la que se encuentra el trabajo sexual sólo contribuye a la vulneración de derechos, a la mayor estigmatización y en muchos casos a la violencia, la persecución y la criminalización de las trabajadoras del sexo”. Herrera tambin añade que la “doble moral imperante en la sociedad, incluyendo a la Asamblea Legislativa” no crea un escenario positivo para la propuesta sobre trabajo sexual, sin embargo, “si el debate no se coloca en el terreno de la moralidad pública, sino en el reconocimiento de derechos y garantías ciudadanas, con las que el Estado tiene responsabilidades”, existen esperanzas de que se apruebe.

Ingrid tiene 51 años y lleva 25 años ejerciendo el trabajo sexual. Para ella, una ley que dignifica su labor “sería un respaldo a nuestros derechos negados e invisibilizados”. A través de sus servicios sexuales logró terminar sus estudios de bachillerato, llevó alimentación a su hogar, y dio techo, vestimenta y educación a sus hijas, quienes ya saben a qué se dedica su madre.

“Una ley que nos beneficie le pondría temor a la gente que intente agredirnos o explotarnos sexualmente”, comenta Ingrid a Noticias Aliadas.

Sandra, de 30 años, también es trabajadora sexual. Comenzó a los 18 años por una simple razón: hacía falta dinero en casa. Ahora no solo lo hace por esa razón, también lo hace porque tiene conciencia de su condición.
“Ahora que soy una trabajadora sexual organizada, me doy cuenta de que mi trabajo es como el de cualquier otro. Todos cobramos a cambio de algo. Una ley a favor de nosotras nos permitiría tener acceso a una vivienda digna. Realmente cambiaría nuestra situación de exclusión a la que nos han sometido”. — Noticias Aliadas.