En realidad, la aprobación por parte del Gobierno español del salario mínimo de 1.000 euros es una gran noticia para alrededor de dos millones de trabajadores en España. Es lo que reclamaban los sindicatos en representación de los distintos sectores productivos.

Aunque el sector tecnológico esté en auge esto no significa que en las demás actividades productivas no se pueda subir el sueldo mínimo, como ya ha establecido el Gobierno de la nación con muy buen criterio. Siguiendo las directrices de la Constitución de nuestro país los ingresos mínimos por el trabajo deben ser iguales en todas las profesiones, por eso recibe el nombre de salario mínimo interprofesional.

La suficiencia económica de todos los ciudadanos españoles es un derecho irrenunciable, algo que también está reconocido por los Derechos Humanos. Es indudable que es de sentido común la subida del salario mínimo.

El coste de la vida se ha disparado y eso no es un problema menor, es crucial para la subsistencia de millones de personas y familias.  La viabilidad de las empresas es una cuestión que deben resolver los empresarios, pero no a costa de los trabajadores.

El estudio de mercado o de posibilidades en la creación de empresas debe ser riguroso y profundo. Si un cierto número de empresas no son rentables pueden implementar distintas estrategias para ser sostenibles y en último caso cerrar, si no existe otra solución.

También son importantes las empresas públicas en las que trabajan numerosos empleados públicos. Los argumentos de la cúpula empresarial se centran en la acumulación de beneficios, entendible hasta cierto punto, pero no debe olvidarse que las mejores empresas   pagan adecuadamente a sus empleados por razones lógicas. Esto es lo exigible a cualquier empresa, como es natural.

El bienestar de los ciudadanos es responsabilidad de los Estados  y se comprende perfectamente que deben estar al lado de los trabajadores para garantizarles un nivel de vida adecuado con los ingresos que reciben por su trabajo.

Los salarios dignos son una exigencia irrenunciable para todas las empresas, sin excepciones. Y esto  es lo mejor para todos. Existe una ética empresarial que debe ser aplicada en la realidad laboral española. Si es necesario que, en algunos casos, algunas empresas tengan que ser apoyadas con créditos especiales u otro sistema de financiación por parte del Gobierno, así debe hacerse.

Se puede pensar también  en la función del Ingreso Mínimo Vital  y en el Salario Social Básico que sirven para proporcionar una vida digna a muchas personas y familias en España. Son medidas de justicia social que compensan, en alguna  medida,  las grandes desigualdades económicas y sociales existentes, con la finalidad de evitar la exclusión social.

En los últimos años ha saltado a la palestra pública el tema del fraude de ley de los funcionarios interinos o el abuso de temporalidad en la Administración pública. Varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo reconocen los derechos a continuar en su puesto de trabajo a profesores interinos que llevan décadas trabajando de forma continua.

Como escribe  el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense  y abogado  Raúl Bocanegra “quien se ha hallado en una situación de interinidad objetivamente abusiva tiene derecho a la subsistencia de la relación de empleo”. Esta situación afecta a cientos de miles de empleados públicos en España, alrededor de 800.000 personas con sus familias.

El tema de la precariedad laboral provocada causa graves problemas sociales e individuales. Todos los Gobiernos independientemente de su ideología política tienen el deber inexcusable de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre el abuso de temporalidad y del Tribunal de Justicia Europeo. Las sentencias y la interpretación correcta y acorde a Derecho de las mismas es una obligación legal y ética para todos los órganos del Estado y también para el poder ejecutivo.

En nuestro país una de las cuestiones esenciales en el ámbito laboral, en la creación de empleo es que sea de calidad. Las políticas laborales públicas deben impulsar con las medidas más efectivas que se creen muchos más empleos cada año. Es necesaria también la simplificación de los tipos de contratos de trabajo, para que sean más operativos y justos. De modo que aumente, muy considerablemente, el número y la proporción de contratos laborales fijos o indefinidos frente a los temporales. El Gobierno puede impulsar con incentivos económicos sustanciales a los empresarios para que creen más contratos indefinidos.