Según datos de UNICEF para la región, existen unos 200 millones de afrodescendientes a lo largo y ancho de todo el continente, un estimado del 30% de la población total, de los cuales cerca de la mitad son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.  Si los 200 millones de afrodescendientes en las Américas fueran un país, serían 53 veces el tamaño de Panamá, 19 veces el tamaño de la República Dominicana, 10 veces el tamaño de Chile. ¿Cómo negar que son un componente integral de lo que somos como región?

El hecho es, sin embargo, que, a pesar del crecimiento económico que experimentó la región en las últimas décadas, se estima que las personas afrodescendientes continúan experimentando niveles desproporcionados de pobreza, exclusión social y discriminación en todos los niveles. Como consecuencia del racismo y la discriminación, el 90% de las poblaciones afrodescendientes en los países de la región viven en pobreza y pobreza extrema, aproximadamente 70-80% de ellos ganan menos de USD $2 por día, y en muchos casos no gozan de acceso universal a los servicios de salud, educación, vivienda y agua potable.  Con frecuencia también enfrentan mayores dificultades para entrar y permanecer en el mercado laboral, y ganan salarios inferiores a la media. Por ejemplo, el desempleo afecta significativamente a estas poblaciones mientras que la gran mayoría de los ocupados afrodescendientes se encuentra en sectores de baja productividad y calificación.

Las poblaciones afrodescendientes enfrentan igualmente barreras para acceder a sus derechos políticos. Aunque son incluidos como votantes, tienen usualmente limitadas posibilidades de competir para ser electos por, entre otras razones, estar abrumadoramente en los estratos socioeconómicos de bajos ingresos. En 2013, fecha para la que se cuenta con los datos comparativos más actualizados, su representación en espacios de toma de decisiones políticas dista mucho de lo ideal. En Brasil, por ejemplo, solo 8.60% del total de legisladores eran afrodescendientes en un país donde este grupo representa el 50.9% de la población. En Colombia, donde los afrodescendientes representan el 10.5% del total de la población, su representación parlamentaria apenas llegaba al 4.60%. En Costa Rica, con 7.8% de población afrodescendiente, en 2013 no había ningún legislador con este origen. En Venezuela, con 53.4% de la población de origen afrodescendiente, apenas 2.40% de la Asamblea Nacional eran personas afrodescendientes. Mientras que por un lado es importante considerar medidas de acción afirmativa que permitan nivelar el piso para la participación de las personas afrodescendientes en política, es igualmente vital atender los problemas estructurales que causan la exclusión. Después de todo, ¿Qué ser humano que tiene que proveer por sus necesidades básicas de alimentación, vivienda o salud puede efectivamente tener condiciones para disputar por cargos en una elección o insertarse en el campo político?

Para poner atención a todos estos retos, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos declararon la semana que comenzó el 25 de marzo como la “Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas”. El objetivo es generar un mayor entendimiento del significado de la esclavitud y la trata de esclavos y sus consecuencias en la vida de las personas afrodescendientes. Esta conmemoración busca también reconocer los importantes aportes de las personas afrodescendientes a la vida política, económica, cultural y social de la región. La hoja de ruta ya la tenemos: el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025), que prioriza en qué áreas hay que poner atención para promover el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los pueblos afrodescendientes, y así ojalá revertir las brechas de acceso a sus derechos que aún persisten.

Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.