Las reuniones del Presidente del Gobierno con los líderes de los principales partidos de España me parecen positivas, pero con matices. Ya que, si lo que se pretende es la expresión de un pacto político, en defensa de la unidad de nuestro país, es evidente que la inmensa mayoría de los ciudadanos ya es partidaria de la misma.

Es innecesario, por tanto, lograr un acuerdo partidario en apoyo de la indisolubilidad de la nación española. Algo que ya está reconocido, legalmente, en la Constitución de modo explícito e inequívoco. Parece que se quiere ganar tiempo, pero de este modo, considero que se pierde, y el proceso de independencia sigue avanzando, sin detenerse.

Mayor Oreja considera que el mayor problema político de este país es, precisamente, el nacionalismo y, más concretamente, la ruptura de la unidad de nuestro territorio.Y es indudable que, por su pasado político, sabe muy bien de lo que habla.

Propone un proyecto de medidas concretas a aplicar, de modo inmediato, ante el desafío independentista, por parte del gobierno de la nación, sin titubeos, ni  temores a posibles reacciones. Y si el curso de los acontecimientos convierte en indispensable, por ejemplo, la puesta en vigor del artículo 155, pues habrá que hacerlo, e intervenir la autonomía catalana.

Si queremos salvar la integridad territorial, y el bienestar económico general de todos los españoles, el gobierno tendrá que actuar. Ya que la destrucción de la unidad tendría consecuencias económicas muy negativas en relación con  el desempleo, la creación de riqueza, etc.

O, al menos, es lo que se deduce, en mi opinión, de sus manifestaciones. Con el agravante de que, lo que suceda en Cataluña,  servirá de referencia e impulso para el nacionalismo del País Vasco el próximo año 2016, y en los años siguientes.

En un artículo, publicado en Le Monde, Artur Mas se muestra plenamente convencido de que, se hará realidad, una república catalana independiente dialogando con España y Europa. Dice que podrán obtener «un resultado negociado positivo que favorecerá a todas las partes».

Parece que, el proceso de independencia o desconexión de España, puede alcanzar, en cuestión de menos de un mes, unos niveles alarmantes. Por tanto, lo que toca es aplicar todos los resortes ejecutivos y coactivos del estado de derecho. Ya que la legitimación de los mismos está, sobradamente demostrada, con numerosos argumentos y razones.

Porque el incumplimiento de las leyes, y de las sentencias de los tribunales no puede quedar impune, sin reacción estatal. Y, en mi opinión, no es cierto que esto suponga una reacción desproporcionada. Y, lo más grave, es que se aproximan más retos, por parte del independentismo, ante las muestras de debilidad, y falta de reacciones contundentes.

Al contrario, a mi juicio, y con el debido respeto, considero que ya es evidente la desproporción, porque se está permitiendo y tolerando  la desobediencia al ordenamiento legal vigente, sin las consecuencias establecidas jurídicamente. Que pueden ser aplicadas, coercitivamente, de acuerdo con la ley.