Es verdad que no existe un partido con este nombre en el panorama político. Pero, si surgiera, su programa sería el resultado de principios y planteamientos éticos que partirían de la justicia y la solidaridad. En efecto, lo que debe ser prioritario es la reducción de las desigualdades, y que se logre un auténtico estado del bienestar para todos los ciudadanos.

La lucha contra la corrupción y los privilegios debe ir unida a una regeneración de la actividad política. Y no bastan las meras palabras. Existe en la sociedad, una exigencia de cambio económico, que no debe ser postergada por más tiempo.

La elevación de los sueldos mínimos, que no son suficientes para vivir con una mínima calidad de vida son algo a solucionar. Se podría con políticas de servicios sociales que compensen las brutales desigualdades, desproporciones e injusticias del mercado laboral neoliberal actual. La creación de puestos de trabajo debería ser más impulsada con una mejor gestión política y social por parte del estado.

En vista de que la autorregulación del neocapitalismo brilla por su ausencia, parece que el estado debe tomar las riendas de la situación socioeconómica, y actuar en consecuencia. De este modo, las personas y los trabajadores no estarán a merced de lo que decidan las multinacionales, con su existencia hipotecada por decisiones tomadas con criterios, exclusivamente economicistas, o basados en el aumento continuo de los porcentajes de beneficios anuales.

En una sociedad como la española está aumentando el envejecimiento de la población por la baja natalidad, y la mayor longevidad.Y las consecuencias son  claras. Para pagar las pensiones de jubilación del futuro, los ingresos de los personas que están activas deben estar más igualados o, lo que es lo mismo, no deben existir diferencias salariales tan grandes y generalizadas. Es una cuestión de proporcionalidad y justicia social.

El que exista una renta mínima me parece, absolutamente necesario, para que el que no disponga ya de ningún ingreso. Y no es buen argumento decir que, como puede haber fraude, no se puede dar esa prestación mínima, en caso de necesidad probadamente justificada. Los controles de las prestaciones deberían ser suficientes para evitar la picaresca y el engaño. Y, si no lo son, la responsabilidad no es de los que perciben las ayudas económicas de un modo correcto. Aunque esto suene a idílico y utópico.

El tejido empresarial español no es autosuficiente, ya que depende de sus clientes que somos, potencialmente, todos los ciudadanos. Por tanto, también tiene el deber moral y político de colaborar con una actitud empresarial cívica y constructiva.

Quizás en nuestro país haga falta una mayor cultura emprendedora. Pero lo que está claro es que, sin un mínimo apoyo, es difícil que jóvenes y adultos se lancen a crear empresas, si, prácticamente, no se ofrecen créditos para nuevos proyectos con un elevado riesgo de no lograr el éxito.

La lista de decisiones y acciones políticas pendientes para, un hipotético e inventado Partido Filosófico es muy abundante. Podrían ser una infinidad de medidas. Pero la fundamentación de las mismas no es difícil, ya que parte de una ética mínima común para todos los seres humanos.