El proceso de reforma judicial en Ecuador ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país, señaló Human Rights Watch en una carta enviada a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

Desde 2011, un Consejo de la Judicatura integrado casi totalmente por ex funcionarios del gobierno del Presidente Rafael Correa ha nombrado y destituido a cientos de jueces aplicando métodos seriamente cuestionables.

“La reforma de la justicia ecuatoriana impulsada por el gobierno debería haber contribuido a consolidar el poder judicial y profundizar su independencia”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Hasta el momento, la reforma está yendo en la dirección opuesta”.

El gobierno de Correa, sobre la base de un referéndum realizado en 2011 que avaló la reforma de la Constitución, puso en marcha un ambicioso proceso de reforma judicial destinado a abordar problemas crónicos que afectan al poder judicial de Ecuador, como corrupción, ineficiencia e influencia política.

El actual Consejo de la Judicatura se inauguró en enero de 2013. Anteriormente, la reforma estuvo a cargo de un Consejo de la Judicatura de transición.

El consejo de transición y luego el Consejo de la Judicatura designaron a 1.430 jueces, suspendieron a 273 y destituyeron a 380 entre julio de 2011, cuando se inició la reforma judicial, y noviembre de 2013, según datos oficiales aportados por el mismo Consejo. Durante este período, la cantidad total de jueces en funciones aumentó de 1.117 a 1.708.

En la mayoría de las destituciones, ambos consejos consideraron que los jueces habían transgredido un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que, con una redacción poco precisa, prohíbe a funcionarios judiciales desempeñarse con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

Sin embargo, conforme a los estándares jurídicos internacionales, los jueces solamente podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo “por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados ha indicado en particular que los jueces no deben ser apartados de su cargo debido a errores en sus resoluciones.

A su vez, en 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición designó a la totalidad de los 21 miembros del más alto tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a sus suplentes, aplicando para ello mecanismos que carecen de la objetividad y la transparencia exigidas por los estándares internacionales relativos a independencia judicial. Todos estos jueces aún se encuentran en funciones.

El gobierno conformó un órgano internacional integrado por miembros de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España que para evaluar el proceso de reforma judicial. En su informe final, emitido en diciembre de 2012, los veedores invitados por el gobierno criticaron el artículo que se invocó para despedir a jueces, así como la selección de miembros de la Corte Nacional de Justicia.

El Consejo de la Judicatura, en un paso importante de este proceso, ha inaugurado más de 30 nuevos edificios que son sede de juzgados y oficinas judiciales en distintas regiones del país. Ha desarrollado un sistema electrónico para agilizar las instancias de los procesos judiciales y ha brindado capacitación a miles de funcionarios judiciales. Según fuentes oficiales, la cantidad de jueces cada 100.000 personas se incrementó de 4,5 a 10 durante este período.

Ecuador ha ratificado diversas convenciones de derechos humanos —entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que le exigen preservar la independencia e imparcialidad de su poder judicial. El actual proceso de reforma no cumple con tales obligaciones, señaló Human Rights Watch.