Por repetir innumerables veces algo falso no se convierte en verdadero.Y digo, con el máximo respeto, que la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, reitera, con sus declaraciones, que la cámara catalana está por encima de lo que establezcan y ordenen las sentencias del Tribunal Constitucional. Evidentemente,  no es cierto, porque la autonomía catalana forma parte de España, y, por tanto, debe cumplir las sentencias y las leyes como el resto de las comunidades autónomas.

Ciertamente, que la aprobación del plan para la desconexión con España es una prueba más de que el desafío sigue. El Gobierno ya ha anunciado que va a recurrir otra vez al Tribunal Constitucional, ante la desobediencia  a lo que dijo, hace una semana, este mismo alto tribunal.

Parece una burla al Estado de Derecho. La debilidad del Ejecutivo está siendo aprovechada por los partidos independentistas catalanes. Y lo digo con todo el respeto. Porque el Gobierno, a mi juicio, debería suspender la autonomía catalana,ya de una vez por todas, ante el reiterado incumplimiento de las sentencias del Tribunal  Constitucional.

No hace falta ser juez de un alto tribunal, para darse cuenta y de que, el desafío reiterado a las sentencias, no puede consentirse. Porque, si se permite, el Gobierno parece, o da la impresión, de que no puede ejercer su autoridad sobre la Generalitat y el Parlament, que tienen que obedecer las leyes y las decisiones de los tribunales, igual que lo hacen los órganos de representación y gobierno de  cualquier otra comunidad española.

El derecho es coercitivo. La suspensión de la autonomía catalana ya debería ejecutarse. Sin esperar más, antes de que ya sea tarde. Si no se cumplen las sentencias por parte del Parlamento catalán o  la Generalitat debe obligarse a que las cumplan con los medios que permite nuestro ordenamiento jurídico. Las fuerzas de seguridad pueden ser utilizadas, en situaciones muy graves, para que sean ejecutadas las sentencias. No hacerlo y seguir, en esta línea, puede llevar  a la separación completa de Cataluña de España, en unos meses, o en uno o dos años.

El Proceso Constituyente catalán ya está en marcha. Y el referéndum unilateral para la desconexión también ha sido aprobado. No extraña que la oposición haya denunciado esto y lo considere como un golpe a la democracia. Inequívocamente, lo es, no hace falta que se pronuncien catedráticos de Derecho, sobre este proceso.

Y además, por si no fuera bastante, Carles Puigdemont, se presentará a la cuestión de confianza el 28 de septiembre, y, si la supera, algo previsible, se sentirá con derecho “para poner a Cataluña a las puertas de la independencia”. Por si no hubiera bastantes problemas, con el bloqueo político, para que se forme un nuevo gobierno, se añade la inestabilidad política que provocan los partidos independentistas.