Los tres tenores del plan de la transparencia para la emergencia, el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba, lanzaron la estrategia para ejercer acciones penales, disciplinarias y fiscales en el control del gasto público en la pandemia.

Estrategia diseñada para investigar, revelar y sancionar casos de corrupción, pero en la práctica desató una comedia judicial mediática de coadministración del gasto público en los entes territoriales. En claro que con las intimidaciones de sanciones y los controles de advertencias, se revivió una especie de control previo, que había sido abolido para hacer más ágil la administración pública. Los métodos inquisidores de los organismos de control tienen semiparalizas las administraciones en los entes territoriales. 

El pánico cunde en las gobernaciones y alcaldías, sus funcionarios tienen miedo de tomar decisiones administrativas para evitar ser encarcelados, sancionados o destituidos. De hecho, la administración de justicia, los controles fiscales y disciplinarios se han convertido en instrumentos para ganar popularidad. Algunas de sus decisiones han sido exageradas, selectivas y deterministas para castigar y amonestar a funcionarios de acuerdo con ciertas particularidades políticas y regionales.

La procuraduría adelanta 1.000 procesos disciplinarios contra funcionarios en 27 de las 32 gobernaciones y en más de 400 alcaldías. La Contraloría ha emitido más 396 alertas sobre  presuntos sobrecostos en contratos posiblemente viciados. El fiscal Barbosa, habla de decenas de investigaciones en contra de gobernadores y alcaldes. Es claro que gran parte de sus dictámenes están sustentados en indicios que seguramente la mayoría de los implicados saldrán exonerados.

Se evidencia que han tomando medidas calcadas de los libretos de una justicia convertida en espectáculo para ganar réditos populistas. Se requiere que los organismos de control actúen con más transparencia, más eficaces y con menos populismo para torcerle el pescuezo a la corrupción, dado que los grandes escándalos como Reficar, Interbolsa y Odebrecht, siguen sin castigos sobre sus principales protagonistas.

En el plano del gobierno nacional la vigilancia de los tres tenores sobre el gasto público en esta pandemia son laxos. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicó un análisis sobre la transparencia en la disposición y destinación de los recursos públicos para atender la emergencia sanitaria, al leerlo deja en claro los sesgos de los organismos de control en sus investigaciones. 

Radicales con los entes territoriales, pero laxos con el poder central. El informe, dice, que “no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura y no hay certeza de cuales han sido los gastos realizados”. Se cuestionan las cifras que se han publicado para la atención de la pandemia de $117 billones, equivalentes al 11% de PIB, pero se dice que el 6% son garantías de créditos y no recursos para ser gastados en la emergencia.

Se sostiene que “la principal fuente de recursos son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que asciende al 2,4% del PIB, y se asegura que “los traslados del FOME y otras fuentes para la atención a la pandemia son $3,6 billones, equivalente al 0,34% del PIB”. 

Explica que “la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades son de $2,7 billones, el 0,25% del PIB. Se indica que el gobierno nacional “ha suscrito 3.711 contratos por $2,7 billones” y el grueso de los mismos ha sido realizado por el Ministerio de Hacienda y “se han contratado $2,2 billones con 40 instituciones y con 4 bancos por más $ 100 mil millones.

Se analiza que “a partir de las resoluciones y los contratos se puede concluir que desde el ministerio de Hacienda se han destinado recursos por $5,8 billones, de los $3,6 billones transferidos por el Ministerio de Hacienda a distintas entidades”. De todos apenas 1,7 billones tienen descripciones específicas y fines verificables, como las transferencias de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Colombia Mayor.” Mientras que “$1,9 billones corresponden a rubros sin especificar y con destinaciones vagas como “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben”. Entonces, “sólo $4,1 billones del gasto de emergencia han sido reportados al público con un nivel de precisión aceptable.” De la lectura del mencionado análisis, se concluye que los tres gatos son virolos cuando se trata de la vigilancia de los gasto del gobierno nacional.